El origen de los gobiernos no democráticos
The origin of non-democratic governments
Dora Esther Zapata Badillo[*]
Resumen
El artículo tiene como objetivo evidenciar que la violación de los derechos económicos, sociales y culturales en un sector amplio de la población de un Estado es el detonante que generalmente permite el establecimiento de gobiernos no democráticos, dictatoriales, autoritarios, tiranos o militares y, una vez instituidas estas formas de gobierno, trae como resultado la vulneración de los derechos civiles y políticos para toda la población de esos mismos Estados.
Palabras clave: Dictaduras, vulneración, Derechos Humanos.
Abstract
The article aims to demonstrate that the violation of economic, social, and cultural rights in a broad segment of a State's population is the trigger that generally allows for the establishment of non-democratic, dictatorial, authoritarian, tyrannical, or military governments, and that once these forms of government are established, they result in the violation of civil and political rights for the entire population of those same States.
Key words: Dictatorships, violation, Human Rights.
Introducción
El asentamiento de los gobiernos no democráticos no surge de la nada; tiene un antecedente o una fundamentación generalmente vinculada a la desigualdad y al resentimiento de la población, producida por el descontento social, económico, laboral, político, por los actos de corrupción de los gobernantes de turno, generalmente democráticos, entre otros factores que afectan a la población mayoritaria, factores de inconformismos relacionados con la vulneración de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
El análisis de este tipo de gobierno permite observar que generalmente estos se originan por la antecedida existencia en la vulneración de estos derechos sociales por parte de quienes ostentaban el poder político antes de esa forma de gobierno no democrática.
Este escrito pretende exponer que existe un antes y un después relacionado con violación de los Derechos Humanos en el establecimiento de este tipo de regímenes; concretando que el antes se relaciona con los derechos de contenido social y el después con derechos civiles y políticos, agudizando más la vulneración de contenido social preexistente.
I.- El origen de los gobiernos no democráticos.
Cuando se trata de gobiernos dictatoriales, totalitarios, autoritarios, plutocráticos, militares o cualquier otra forma de gobierno que no es afín necesariamente con los resultados de la participación ciudadana, aquella que es consecuencia del ejercicio electoral propio de la democracia, dichas formas de gobierno prenden las alarmas universales, dado que se relacionan en forma inmediata con la violación de los derechos civiles y políticos, aquellos derechos que están diseñados para garantizar la libertad y la participación en las actividades políticas de los Estados y propenden por la libertad de expresión, de movilización y de contradicción al manejo estatal. Aunque cabe señalar que los procesos democráticos no se desligan propiamente de la hegemonía del poder, concepto de Gramsci y asimilado como aquel precepto que «señala la dirección político-ideológica que forja la base social para la conquista del poder político», o podría entenderse la hegemonía como «la dominación burguesa desde el Estado» (Albarez Gómez, Natalia, 2016, p. 155).
Sin embargo, a lo largo de la historia y sobre todo en América Latina, estas formas «no democráticas» de gobierno son en esencia el resultado o la consecuencia de la violación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, en adelante DESCA; aquellos que, conforme lo señala el Pacto que los consagra en su artículo cuarto, fueron promulgados para la protección y promoción del bienestar general en una sociedad democrática y su «presunta» indivisibilidad de los derechos civiles y políticos, pero a la vez con marcada diferenciación entre unos y otros para su protección.
Cuando las políticas públicas gubernamentales no garantizan el cumplimiento ni la protección de los DESCA para el beneficio de la población en condiciones de igualdad, se produce el descontento social; teniendo en cuenta que «los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales son derechos en sí mismos, pero también son la base social sobre la que se establece el sistema democrático» (Piovesan, Da Cunha Cruz, s.p. 2022); lo que conlleva determinar que los gobiernos no democráticos vienen precedidos de una larga y marcada desigualdad social, producto de la violación de los elementales derechos humanos a vivir dignamente.
El momento del inconformismo de la población se establece como el escenario propicio para que aparezca el actor político, el líder salvador; aquel cuyo discurso político se centra en la lucha contra esa desigualdad social, argumentando contrarrestar la clase política establecida y que propenderá por una sociedad más justa y equitativa, aquel líder que el pueblo en general necesita que lo extraiga de la vulneración y de la pobreza.
Y es desde allí es donde se marca el camino para el origen y la cimentación de líderes que basados en la promesa de un cambio social y de paradigmas de protección empiezan a consolidar su liderazgo, consiguen el poder y por diversas circunstancias se atornillan en ese poder obtenido por la retórica necesaria del cambio; a la lectura de los gobiernos no democráticos que han precedido la historia y en especial en nuestro continente, como en el caso de Argentina, Chile, últimamente Venezuela, Nicaragua y en el caso de Haití; ese descontento generalizado de la sociedad abrió el camino para ese discurso del cambio comúnmente utilizado por aquellos salvadores que una vez arraigados se aferran al poder de manera tal que se convierten en tiranos, estableciendo gobiernos dictatoriales, militares, autoritarios u otra clase de mandatos no democráticos y que se sustentaron en la promesa de garantizar una igualdad y la lucha contra la corrupción.
I.1.- La sociedad y los derechos afectados.
Ante este panorama surgen dos interrogantes, el primero de ellos: ¿quiénes promueven el cambio inicial durante la democracia preexistente buscando una política de gobierno participativa e igualitaria y sobre qué derechos?; y el segundo interrogante: ¿quiénes promueven el cambio cuando ya está consolidada la dictadura, el gobierno militar o cualquier otra forma no democrática de poder de gobierno y qué derechos reclaman? La respuesta a estos interrogantes se centra en la base fundamental de un Estado: la sociedad, el pueblo, los ciudadanos; y en el cómo se encuentran afectados por la violación de los derechos humanos; entonces cabe preguntarse: ¿cuáles derechos? Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales o los Derechos Civiles y Políticos.
La base de todo Estado la constituyen los ciudadanos que la conforman, pilar constitucional de toda democracia que se fundamenta en el interés general; «El escenario de la democracia permite que esta operación se efectúe contando con la voz mayoritaria de los ciudadanos y con la opinión que ellos tienen acerca de los problemas y asuntos prioritarios por atender» (Peralta, Leopoldo, Vasco, Mauricio, pág. 2). 2019); cuando los ciudadanos, señalados en esa coyuntura como población vulnerable; y que en forma generalizada sienten un inconformismo que se da por la marcada desigualdad social y la precariedad de las oportunidades al acceso, la protección y la garantía a la vivienda y trabajo digno, la salud, la educación, entre otros derechos de contenido netamente social; derechos que se encuentran señalados y protegidos en los Derechos Económicos Sociales, culturales y ambientales (DESCA), y que vulnerados transgreden y chocan con la dignidad humana de aquella población que siente la necesidad; conforman este conglomerado de población perjudicado, constituido por la gran mayoría, quienes suscitan y promueven un cambio inicial en la política pública de gobierno o promueven el mismo cambio de gobierno; generalmente obtenido por la marcada hegemonía de las mismas clases políticas perpetuadas en el poder, que clama sea más beneficiosa y menos desigual, puede observarse entonces que la necesidad de protección o exigencia de la población «vulnerable» se predica exclusivamente sobre los derechos de contenido social; porque aquella población que goza de garantías sociales se encuentran satisfechos, no requieren o reclaman un cambio, no se alinean ante esta solicitud porque están usufructuando sus beneficios, esta es la respuesta al interrogante de quienes promueven y sobre cuales derechos reclaman; es decir la población no beneficiada o menos beneficiada ante la ineficacia en la protección de los DESCA por parte del Estado.
Empero, cuando esa población mayoritaria e insatisfecha logra llevar en la mayoría de las oportunidades y en forma democrática al poder a aquel líder salvador que promulgaba en su discurso la lucha por las transformaciones y la igualdad social que los ciudadanos reclamaban y en el tránsito y ejercicio del poder, el salvador se transforma en dictador; este es el momento crucial cuando toda la población en general; tanto los insatisfechos iniciales por la ausencia de garantías de derechos elementales identificados como población vulnerable y los no vulnerables como aquella parte de la sociedad que usufructuaban el poder hegemónico de ese Estado después convertido en gobierno no democrático; todos al unísono reclaman el cambio de gobierno dictatorial u autoritario visibilizando ante y por la comunidad internacional la violación de los derechos civiles y políticos, aquellos derechos garantistas de las libertades de las personas y que garantizan la autodeterminación de los pueblos de un Estado democrático.
Observamos entonces la respuesta al segundo interrogante: que quienes promueven el cambio cuando ya está consolidado un gobierno no democrático, converge toda la población en general, sin distinción alguna, reclamando la protección de los derechos inherentes a las libertades individuales, al igual que la protección de los derechos sociales, situación que se da porque ya involucra a todo el contexto generalizado de la población de un Estado e irradia sobre los derechos contenidos en la Declaración Fundamental de Derechos Humanos, en adelante DUDH, sin distinción de pactos de derechos.
I.1.1.- La presunta indivisibilidad de los Derechos Humanos.
Si bien es cierto la Declaración y Programa de acción de Viena, ratificó la universalidad, la indivisibilidad, la interdependencia y la relación existente entre sí de los Derechos sociales, económicos culturales-DESC y los derechos civiles y políticos; lo cierto es que la condición particular consignada en el artículo 22 de la DUDH en relación con la protección y cumplimiento de los DESC supeditan la garantía proteccionista tanto al “esfuerzo nacional” y a “los recursos de cada Estado”; y reiterada dicha condición, en el pacto de los DESC en su artículo 2 inciso segundo al señalar “ hasta el máximo de los recursos de que dispongan” los Estados partes; estas circunstancias tienen marcada dependencia del flujo económico de cada Estado para su cumplimiento; esto es, a la existencia y a los recursos de que se dispongan, pero ¿cómo se mide el “esfuerzo nacional”?, y ¿cuál es el máximo de los recursos de que se dispone, quien mide ese mínimo o máximo?; esta coyuntura económica a la postre resulta arbitraria, si se pregona que los principios de indivisibilidad e interdependencia acogen ambos pactos de derechos, que no son protegidos debidamente contrario censu están expuestos por los actos o las causas generalmente ligadas por la práctica de la corrupción estatal a través de la implementación de políticas públicas por parte de quienes ostentan el poder democráticamente antes de consolidarse la no democracia.
No implica necesariamente que los gobiernos se sustenten o estén en marcada práctica de una política al extremo de un Estado de bienestar o benefactor, entendido este como aquel que provee o asume a cuenta del Estado las necesidades básicas de una población; empero, no equilibrar o poner en práctica la mínima protección de lo que pretende este sofisma para algunos países, constituye el horizonte en el cual enfilan sus baterías los nacientes salvadores que perfilan los inconformismos sociales y que van trasmutando de generación en generación y que se establecen como las bases que conllevan el camino para la consolidación de gobiernos no democráticos.
II.- La responsabilidad y la rendición de cuentas de los gobiernos democráticos y no democráticos
La generalidad del discurso actual es el señalamiento que un determinado Estado es dictatorial o que no está regido por un gobierno democrático porque se violan los derechos civiles y políticos; sin embargo, el cuestionamiento no debe iniciar desde esta retórica; el análisis debe fundamentarse desde la identificación de las circunstancias que dieron inicio a la transición de un gobierno preexistentemente democrático y lo que finalmente conllevo dejar de serlo; el criterio para determinar la responsabilidad y la rendición de cuentas de la existencia de un gobierno dictatorial no solo debe radicar o dirigirse responsablemente en cabeza de quienes ostentan y logran el poder para establecerse de esa forma antidemocrática sino también de quien o quienes lo precedieron y la forma en que lo ejecutaron, que también valga señalar es por largas décadas donde se han establecido a través de clanes políticos hegemónicos, con altos índices de corrupción en sus prácticas políticas, siendo esta una de las grandes causas de la violación de la DESCA; porque nadie absolutamente nadie que esté bien, que se encuentre satisfecho en sus más elementales necesidades pretende cambiar su status a no ser que sea para mejorar, cuando se busca un cambio es porque está precedido de una necesidad profunda o de un inconformismo generalizado.
Es por ello que se debe exigir una corresponsabilidad para los gobiernos establecidos antes del arraigo de gobiernos no democráticos, debido a que de una u otra forma forjaron las causas para el establecimiento de esta forma de gobierno; sin embargo, se observa que la justicia interna del Estado víctima o la justicia internacional enfoca el establecimiento de la responsabilidad y la rendición de cuentas solo a quien ostenta el poder dictatorial, totalitario o no democrático, pero la justicia es permisiva ante los gobiernos anteriores que generalmente son democráticos; la rendición de cuentas no se entronca hacia esta clase política que precede, a contrario censu, la desvincula, la deja a un lado; porque solo se interesa en proteger y visibilizar ante la comunidad internacional que se vulneraron los derechos civiles y políticos durante la dictadura, pero no centran su atención en determinar el origen de la misma y a los gobiernos que la permitieron, cuando por diversos actos generalmente de predominio del poder, corrupción política y económica no centraron sus esfuerzos en propender por satisfacer las necesidades de una población carente de protección de los derechos cobijados por el pacto social.
Los titulares de quienes ostentan el poder antes del entroncamiento de los gobiernos dictatoriales huyen, demostrando ser una víctima más de las dictaduras; desaparecen y se guarnecen bajo asilos políticos, muchos de esos acompañados por las grandes fortunas de los recursos públicos. No se les llama a rendir cuentas ni se les imputa una corresponsabilidad por vulnerar durante sus gobiernos los derechos elementales de la dignidad de los pueblos; entonces, cabría preguntarse si verdaderamente existe la indivisibilidad de los derechos económicos, sociales, culturales frente a los derechos civiles y políticos o la importancia entre unos y otros.
II.1.- Ejemplo de las crisis que preceden los gobiernos no democráticos.
Un análisis ligero sobre el origen de la actual crisis venezolana, tiene como antecedente de la forma de gobierno actual la existencia de gobiernos democráticos; quienes estaban atornillados en una clase política bipartidista, producto del «pacto de punto fijo» cuya hegemonía la ostentaban los partidos políticos de Acción Democrática y Copei; quienes manejaban el poder y respaldaban a los presidentes antes de la aparición y consolidación de la Revolución Bolivariana, esta última corriente que gobierna a la Venezuela actual que se establece en un régimen militar y totalitario; se observa como la crisis económica vivida durante los gobiernos democráticos que precedieron en Venezuela, fue el punto de inflexión del inconformismo del pueblo; crisis que se facilitó entre otras circunstancias como la corrupción de la clase política y las políticas extremas neoliberales como medida a la crisis económica que ya arrastraban, medidas económicas que propendían por ahondar más la precaria situación de la clase popular, todos estos factores fueron el caldo de cultivo para el establecimiento de lo que hoy vive este país; un ejemplo de ello lo constituye el denominado «Caracazo» la insurrección popular de 1989, que haciendo referencia a estos hechos bien cabe señalar como lo expone (Vásquez. Paula, 2010, p. 9) «Este fenómeno no se emparentaría con una violencia política, sino más bien con una violencia social de masas de pobres» y se complementa con lo expresado por (Salas. Yolanda, 2000, p. 207) «sin otra identidad que no fuera la pobreza y su exclusión del sistema instituido como si una mayoría invisible se hiciera presente repentinamente».
Cabe preguntarse, ante el ejemplo venezolano, si es menester señalar y obligar a rendir cuentas únicamente a quienes dirigen la Venezuela actual con el señalamiento real y no discutido de transgresores de los Derechos Humanos contenidos en sus dos pactos, pero también es necesario evidenciar que deben rendir cuentas y endosarse corresponsabilidad a aquellos que permitieron surgir las causas del establecimiento del gobierno actual antidemocrático, esta que se ocasionó por la no protección de los DESC, causa fundamental del descontento social que permitió el surgimiento de un líder salvador que actualmente no solo viola los derechos de contenido social, sino también los civiles y políticos.
Conclusiones.
1. El análisis permite observar que una de las causas que da origen al establecimiento de gobiernos no democráticos subyace en la antecedida vulneración de los derechos sociales contenidos en el pacto de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales – DESC – sobre la población mayoritaria por parte de un modelo de gobierno que en la mayoría de las oportunidades es democrático.
2. El descontento social por la vulneración de derechos sociales establece el ambiente propicio para que surjan los denominados «líderes salvadores»; que una vez se hacen con el poder político, desarrollan una facilidad para enrolarse en el poder, conformando gobiernos no democráticos, y dan inicio a la vulneración de los derechos civiles y políticos, agudizando más la vulneración de los derechos de corte social.
3. Se hace necesario establecer mecanismos que contribuyan a endilgar corresponsabilidad y la obligatoriedad de rendir cuentas tanto a los gobiernos no democráticos, de la misma forma que debe efectuarse sobre aquellos gobiernos de origen democrático que propiciaron por diversas razones la existencia de una democracia así de corte hegemónico.
Referencias bibliográficas.
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[*] Abogada, Máster en derechos Humanos Sistemas de Protección Universidad de la Rioja (España), Especializada en Gobierno Municipal Universidad Pontificia Javeriana (Colombia), Especialista en Derecho Administrativo Universidad Libre (Colombia), actual en el ejercicio de Asesora en entidad Territorial de Colombia, correo electrónico: dorianamejia@yahoo.com.