Análisis de las sentencias del Tribunal Constitucional que establecieron doctrina jurisprudencial vinculante en materia penal
Analysis of the Constitutional Court rulings that established binding jurisprudential doctrine in criminal matters
Marco Antonio García Sánchez[1]
Resumen
Se presenta el análisis de la doctrina jurisprudencial vinculante (DJV) del Tribunal Constitucional peruano en materia penal, destacando su rol en la uniformización de criterios: prisión preventiva, plazo razonable, debido proceso, etc. Se estudian diez sentencias claves, la posición doctrinaria por parte del Tribunal Constitucional, los desafíos debido a la falta de claridad en algunos fundamentos y su aplicación desigual por parte de jueces. Se concluye que la DJV ha fortalecido las garantías básicas que toda persona debe tener al enfrentar un proceso penal, pero aún se requieren mejoras para asegurar su eficacia como herramienta garantista en el proceso penal.
Palabras clave: Doctrina vinculante, Tribunal Constitucional, proceso penal, derechos fundamentales.
Abstract
This paper presents an analysis of the Peruvian Constitutional Court's binding case law (BCD) in criminal matters, highlighting its role in standardizing criteria: pretrial detention, reasonable time, due process, and so on. It examines ten key rulings, the Constitutional Court's doctrinal position, the challenges posed by the lack of clarity in some of its fundamentals, and its uneven application by judges. It concludes that the BCD has strengthened the basic guarantees that every person must have when facing criminal proceedings, but that improvements are still needed to ensure its effectiveness as a safeguarding tool in criminal proceedings.
Keywords: Binding doctrine, Constitutional Court, criminal procedure, fundamental rights.
Introducción
La doctrina jurisprudencial vinculante (DJV) del Tribunal Constitucional del Perú constituye uno de los instrumentos más relevantes para garantizar la uniformidad en la interpretación de los derechos fundamentales y asegurar la supremacía constitucional en el ordenamiento jurídico. A través de la DJV, el Tribunal establece criterios obligatorios que deben ser observados por todos los jueces y tribunales del país, proyectando así efectos que trascienden el caso concreto y limitan la discrecionalidad judicial, particularmente en materias sensibles como el proceso penal, donde se encuentran en juego derechos esenciales como la libertad personal y el debido proceso (Salas, 2017; Sáenz, 2017).
El desarrollo de la DJV en el Perú encuentra fundamento en el artículo 201 de la Constitución Política y en el párrafo tercero del artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional (Ley N.º 31307), normas que otorgan al Tribunal Constitucional la potestad de declarar determinados fundamentos de sus sentencias como aplicación e interpretación vinculante para garantizar la coherencia del sistema jurídico (Crispín, 2022). Esta figura jurídica representa un cambio paradigmático en un país de tradición civilista, pues introduce un modelo cercano al stare decisis, en el que los jueces deben motivar cualquier apartamiento de los criterios interpretativos del Tribunal Constitucional bajo responsabilidad (Indacochea, 2015).
Autores como Reyna Vargas (2023) y Sáenz (2017) coinciden en que la DJV es indispensable para materializar el principio de supremacía constitucional, asegurar la vigencia efectiva de los derechos fundamentales y dotar de previsibilidad al Derecho, en este caso al Derecho Penal, reduciendo el riesgo de decisiones arbitrarias que podrían vulnerar derechos como la presunción de inocencia o el derecho al plazo razonable. No obstante, también advierten que su aplicación plantea retos importantes, como el adecuado conocimiento por parte de jueces y fiscales, y la necesidad de fundamentar debidamente cualquier cambio de criterio por parte del Tribunal Constitucional, para no afectar el principio de seguridad jurídica.
La importancia actual de la DJV se equipara a la relevancia que, en la práctica jurisdiccional, se le otorga a una sentencia que establece precedente vinculante; tanto la DJV como el precedente vinculante a lo largo del tiempo van evolucionando, ya sean respecto a los criterios interpretativos o reglas vinculantes. Como, por ejemplo, ha quedado evidenciado con la reciente sentencia emitida el 9 de mayo de 2025 por el Tribunal Constitucional en el expediente N.º 04745-2022-PC/TC, en la que se estableció un nuevo precedente vinculante para el proceso constitucional de cumplimiento; este nuevo precedente armoniza los estrictos criterios fijados casi 20 años atrás en el «Precedente Maximiliano Villanueva» (Exp. N.º 00168-2005-PC/TC) con el artículo 66° del Nuevo Código Procesal Constitucional, permitiendo a los jueces ejercer una mínima actividad interpretativa y probatoria cuando el mandato a cumplir presente controversias complejas.
En este contexto, el presente artículo tiene como objetivo analizar la doctrina jurisprudencial vinculante del Tribunal Constitucional en materia penal, revisando su evolución doctrinaria, fundamento normativo y efectos en la práctica judicial, a partir de un estudio de sentencias claves y los principales aportes doctrinarios recientes. La hipótesis que guía este trabajo sostiene que la DJV ha fortalecido significativamente las garantías penales y procesales en el Perú, al establecer estándares claros y obligatorios para los operadores de justicia, pero persisten algunos desafíos para lograr su correcta aplicación y uniformidad interpretativa en todos los niveles del sistema judicial.
I.- Marco conceptual y jurídico
I.1.- Concepto, naturaleza jurídica y fundamento normativo de la DJV
La doctrina jurisprudencial vinculante (DJV) es el conjunto de criterios jurídicos e interpretativos que el Tribunal Constitucional (TC) establece en sus sentencias y que, al ser declarados expresamente como vinculantes, adquieren obligatoriedad para todos los jueces y tribunales del país, así como para entidades públicas y privadas cuando corresponda. Según Sáenz (2017), la DJV constituye una técnica especial de decisión mediante la cual el TC fija estándares interpretativos que trascienden el caso concreto, proyectándose como parámetros obligatorios para la resolución de casos futuros.
Salas (2017) destaca que la DJV nace como una respuesta a la necesidad de uniformizar la interpretación de los derechos fundamentales, reduciendo los riesgos de arbitrariedad judicial y fortaleciendo la seguridad jurídica en un sistema caracterizado por la dispersión de criterios. Normativamente, la DJV se sustenta en el artículo 201 de la Constitución Política del Perú, que consagra al TC como intérprete supremo de la Constitución. A ello se suma el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional (Ley N.º 31307), que faculta al Tribunal a establecer doctrina jurisprudencial vinculante, disponiendo que las sentencias vinculan a todos los poderes públicos.
Crispín (2022) sostiene que la DJV se ubica como una fuente jurídica sui generis que complementa el bloque de constitucionalidad, dotando al Tribunal de un rol cuasi legislativo que le permite garantizar la efectividad práctica de los derechos fundamentales mediante la interpretación uniforme de la Constitución. Este carácter casi normativo convierte a la DJV en una herramienta indispensable para la coherencia del ordenamiento jurídico.
I.2.- Diferencia entre la DJV y los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional
Es esencial distinguir la DJV y los precedentes vinculantes emitidos por el Tribunal Constitucional. Mientras que la DJV se refiere a criterios interpretativos sobre derechos fundamentales y normas de rango constitucional, cuya inobservancia implica vulneración directa a la supremacía de la Constitución, los precedentes vinculantes están orientados a establecer las reglas normativas que ayudan en la aplicación de normas legales ordinarias, ya sea en las materias civil, penal, laboral o contencioso-administrativa (Reyna, 2023).
Por otro lado, Salas (2017) advierte que el incumplimiento o desconocimiento de una DJV del TC representa una infracción constitucional que puede dar lugar a la nulidad de la resolución judicial por vulneración de derechos fundamentales.
En consecuencia, así como los precedentes vinculantes, la DJV posee un rango superior dentro del sistema de fuentes del derecho peruano, al constituir un mecanismo de interpretación auténtica de la Constitución, que asegura la primacía y fuerza normativa del texto constitucional (Sáenz, 2017; Crispín, 2022).
En cuanto a los alcances del precedente vinculante y la doctrina jurisprudencial vinculante en Perú, Camacho (2020) plantea que los precedentes fijados por el Tribunal Constitucional deben sustentarse en argumentos jurídicos claros, pues un cambio abrupto de criterio sin adecuada motivación —como ocurrió en los casos STC 03741-2004-AA/TC y 04293-2012-AA/TC— genera inseguridad jurídica. Destaca que los estándares vinculantes deben respetar las competencias constitucionales de los órganos jurisdiccionales y administrativos, para evitar que se transgreda el equilibrio entre democracia y constitucionalismo (Camacho, 2020). Este análisis es relevante para comprender que la DJV, si bien busca uniformizar criterios, también puede afectar la certeza jurídica si se adopta sin consistencia argumentativa ni respaldo en la Constitución.
I.3.- El rol del Tribunal Constitucional en la protección de derechos fundamentales
El Tribunal Constitucional cumple un rol esencial como garante de la supremacía constitucional y protector de los derechos fundamentales, pues a través de sus sentencias garantiza la efectividad de los derechos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Perú. Según Sáenz (2017), el TC es un verdadero árbitro de la constitucionalidad, ya que define estándares mínimos que orientan la actuación de todos los poderes públicos, asegurando el respeto a la dignidad humana y al Estado de derecho.
El artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional reafirma que los procesos constitucionales tienen como finalidad garantizar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales y los derechos humanos, así como la supremacía normativa de la Constitución. En esa línea, la DJV se configura como una herramienta que materializa este rol protector, pues al fijar criterios uniformes, el TC limita la arbitrariedad judicial y asegura el respeto de los derechos fundamentales, especialmente en el ámbito penal, donde están en juego garantías como la libertad personal, el debido proceso y la presunción de inocencia.
Salas (2017) sostiene que la DJV fortalece el Estado constitucional de derecho, pues permite que los derechos fundamentales sean interpretados con estabilidad y coherencia, evitando decisiones arbitrarias que socaven la confianza en la justicia. Asimismo, Reyna (2023) señala que el respeto a la DJV es esencial para que la ciudadanía tenga certeza sobre los estándares aplicables, consolidando la legitimidad del orden constitucional.
I.4.- Estudios previos
El estudio de la doctrina jurisprudencial vinculante (DJV) en el Perú revela que esta figura ha sido crucial para delimitar los márgenes de la actuación penal estatal, pero también expone desafíos persistentes en su aplicación. Desde una perspectiva histórica y teórica, Tornero (2022) destaca que la DJV como técnica de uniformización surge tardíamente en la tradición constitucional peruana: el Tribunal de Garantías Constitucionales no desarrolló criterios vinculantes, mientras que el Tribunal Constitucional moderno adoptó la DJV para consolidar la supremacía de la Constitución y establecer parámetros obligatorios para los jueces, incluyendo materias penales como prisión preventiva y plazo razonable. Sin embargo, advierte que la apropiación del concepto de precedente en el sistema peruano muestra inconsistencias derivadas de su implantación en un modelo civilista que no está diseñado para una justicia con base en precedentes (Tornero, 2022).
Por su parte, Indacochea (2015) subraya que la introducción de la DJV y el precedente vinculante mediante el Código Procesal Constitucional de 2004 representó un cambio paradigmático para el derecho penal peruano, pues otorgó al Tribunal Constitucional un rol cuasi legislativo. A través de su análisis desde la teoría de las fuentes, advierte que la DJV enfrenta el riesgo de tensionar con el principio de legalidad penal, especialmente si los jueces penales no comprenden la jerarquía y obligatoriedad de los precedentes en casos como la interpretación de la consumación del delito o la proporcionalidad de la prisión preventiva. Esta reflexión es clave en materia penal, donde el respeto estricto al principio de legalidad resulta esencial.
En el plano de la práctica judicial penal, Ccancce y Ricaldi (2021) identifican en su investigación empírica casos concretos en que jueces penales desconocen la aplicación obligatoria de sentencias plenarias y precedentes vinculantes del TC. Observan que esta situación debilita el efecto uniforme de la DJV, produce inseguridad jurídica y pone en riesgo derechos como la presunción de inocencia. Plantean que para superar este problema se requiere reforzar la formación de jueces y fiscales sobre el carácter vinculante de la doctrina jurisprudencial, considerando que en el sistema penal las desviaciones en su aplicación pueden tener graves consecuencias para la libertad personal.
Sáenz (2021) enfatiza que la DJV en materia penal tiene una doble dimensión: como límite al poder punitivo del Estado y como garantía para evitar decisiones judiciales arbitrarias. Explica que la DJV actúa como estándar que obliga a jueces penales a motivar adecuadamente medidas restrictivas de derechos, como la prisión preventiva, bajo parámetros de necesidad y proporcionalidad. Sin embargo, advierte que la efectividad de la DJV depende de la difusión y comprensión de su contenido, pues la falta de claridad en su formulación o su excesiva generalidad puede conducir a interpretaciones contradictorias, debilitando la finalidad garantista que le es inherente.
Finalmente, Malpartida (2010-2011) advierte que la DJV, aunque busca uniformizar criterios, puede entrar en conflicto con el principio de independencia judicial si se aplica de manera rígida. Señala que, en materia penal, especialmente en delitos complejos como corrupción o crimen organizado, algunos magistrados han intentado apartarse de la DJV alegando particularidades del caso, generando vacíos que abren paso a interpretaciones dispares. Esto evidencia la tensión entre la necesidad de unificar la interpretación penal y el respeto al margen de valoración judicial en cada caso.
II.- Análisis de las sentencias: Doctrina jurisprudencial vinculante en materia penal
El Tribunal Constitucional, mediante las sentencias analizadas, ha contribuido a fortalecer las garantías del proceso penal en el Perú. Los criterios fijados, en calidad de doctrina jurisprudencial vinculante, no solo orientan la actuación judicial, sino que también constituyen límites al ejercicio del ius puniendi estatal, en protección de los derechos fundamentales. A continuación, se analizan las principales líneas temáticas identificadas.
II.1.- Derecho al plazo razonable en el proceso y en la investigación
Un importante grupo de sentencias ha fijado estándares sobre el derecho al plazo razonable en el proceso penal y la investigación preliminar, lo que busca evitar investigaciones indefinidas o dilaciones indebidas:
Exp. Nº 00295-2012-PHC/TC (03/06/2015)
Exp. Nº 02748-2010-PHC/TC (17/08/2010)
Exp. Nº 05228-2006-PHC/TC (30/05/2007)
Exp. Nº 01805-2005-PHC/TC (30/06/2005)
II.2.- Prisión preventiva y detención sin sentencia
El Tribunal ha establecido estándares claros sobre la aplicación de la prisión preventiva y la detención:
Exp. Nº 03248-2019-PHC/TC (14/11/2022)
Exp. Nº 02798-2004-PHC/TC (10/02/2005)
II.3.- Participación del Estado y de la defensa en el proceso penal
Exp. .º 03170-2010-PHC/TC (29/09/2010)
Exp. Nº 04382-2023-AA/TC (12/08/2024)
II.4.- Otros estándares de protección
Exp. Nº 03426-2008-PHC/TC (02/09/2010)
Exp. Nº 01711-2014-PHC/TC (09/04/2014)
Las sentencias analizadas evidencian un esfuerzo del Tribunal Constitucional por dotar de mayor coherencia y seguridad jurídica a la actuación de jueces y fiscales en el proceso penal. La DJV, al uniformizar criterios sobre temas tan sensibles como la prisión preventiva, los plazos razonables o el derecho de defensa, ha contribuido a limitar prácticas arbitrarias y a fortalecer la tutela de los derechos fundamentales. Sin embargo, la aplicación práctica de estas directrices no ha estado exenta de desafíos, pues aún se registran decisiones judiciales que desconocen o interpretan restrictivamente los estándares vinculantes fijados por el Tribunal, lo que evidencia la necesidad de un mayor compromiso institucional con el respeto de la doctrina jurisprudencial vinculante.
III.- Discusión y reflexiones críticas
III.1.- Integración de hallazgos: ¿existe coherencia en la línea jurisprudencial del TC en materia penal?
El análisis del marco conceptual y las sentencias clave revela que el Tribunal Constitucional ha desarrollado una línea jurisprudencial que, en términos generales, mantiene una coherencia progresiva respecto de los estándares que deben observarse en el proceso penal para garantizar derechos fundamentales como el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho al plazo razonable. Por ejemplo, las sentencias 00295-2012-PHC/TC y 03248-2019-PHC/TC establecieron criterios claros sobre el cómputo del plazo razonable y la aplicación de la prisión preventiva, ratificando la excepcionalidad de esta medida y la necesidad de una motivación reforzada, lo que refleja un esfuerzo por consolidar criterios uniformes.
Sin embargo, al comparar los fundamentos de estas sentencias con otras como la 01805-2005-PHC/TC (prescripción y economía procesal) o la más reciente 04382-2023-AA/TC (allanamientos en estudios de abogados), se evidencia que, aunque los estándares buscan proteger derechos fundamentales, en ocasiones el Tribunal no desarrolla criterios con el mismo nivel de claridad, lo que genera ciertos márgenes de discrecionalidad para los jueces ordinarios. Esto se traduce en una coherencia relativa, pues la línea jurisprudencial muestra avances en la protección de derechos, pero también revela espacios de ambigüedad que podrían derivar en interpretaciones divergentes.
Desde la perspectiva doctrinaria, Salas (2017) y Sáenz (2017) coinciden en que el Tribunal ha sido consistente en fijar criterios que delimitan la actuación judicial en materia penal. No obstante, autores como Reyna Vargas (2023) advierten que la falta de un desarrollo uniforme sobre cómo deben aplicarse estos estándares en todos los casos concretos ha generado situaciones en que las DJV son ignoradas o aplicadas de manera superficial, afectando la coherencia global del sistema. Por ello, se concluye que existe una tendencia positiva hacia la coherencia jurisprudencial en materia penal, pero con desafíos persistentes en la precisión y desarrollo exhaustivo de los criterios vinculantes.
III.2.- ¿Las DJV han fortalecido los derechos fundamentales de los procesados o generado controversias?
El análisis conjunto de las diez sentencias emblemáticas evidencia que la doctrina jurisprudencial vinculante (DJV) del Tribunal Constitucional ha significado un avance sustancial para reforzar las garantías procesales en el Perú, pero también muestra limitaciones que generan controversias doctrinarias y prácticas.
Por un lado, las sentencias sobre prisión preventiva y plazo razonable (03248-2019-PHC/TC, 00295-2012-PHC/TC, 02748-2010-PHC/TC y 05228-2006-PHC/TC) fijaron estándares detallados que han fortalecido los derechos fundamentales de los procesados, al obligar a jueces y fiscales a justificar las medidas de restricción de libertad y a evitar dilaciones procesales. Gracias a estos precedentes, se han corregido procesos en los que las prisiones preventivas o investigaciones preliminares se prolongaban injustificadamente, materializando el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable. Estos desarrollos coinciden con lo que sostiene Sáenz (2021) sobre el rol de la DJV como herramienta de control del poder punitivo del Estado.
La sentencia 04382-2023-AA/TC, que regula los allanamientos en estudios de abogados, aporta un criterio clave para proteger el derecho de defensa y el secreto profesional, al exigir autorización judicial con motivación cualificada. Esto constituye un refuerzo del debido proceso en el plano de la defensa técnica, pero como advierte Malpartida (2011), el desafío es que jueces y fiscales apliquen este estándar de manera uniforme para evitar vulneraciones arbitrarias.
Las DJV que abordan el cómputo del plazo máximo de detención sin sentencia y acumulación de procesos (02798-2004-PHC/TC) también han fortalecido garantías procesales al precisar que el cómputo no puede hacerse solo sobre un mandato de detención antiguo, sino que debe considerar todos los procesos en conjunto, evitando que la acumulación de procesos prolongue indebidamente la detención preventiva.
Por otro lado, sentencias como 01805-2005-PHC/TC y 03170-2010-PHC/TC han sido relevantes para precisar el respeto al principio de legalidad, al rechazar imputaciones prescritas o exigir la participación obligatoria de los procuradores en delitos que afectan al Estado. Estas decisiones refuerzan la garantía de que solo se persigan delitos dentro de los plazos legales y con la debida representación del Estado.
Sin embargo, persisten controversias doctrinarias como las expuestas por Tornero Cruzatt (2022) e Indacochea (2015), quienes señalan que la DJV puede tensionar el principio de independencia judicial si es aplicada de forma rígida, o incluso desnaturalizar el principio de legalidad penal si los fundamentos no son claros. Esto es evidente en sentencias como 01711-2014-PHC/TC (revisión de sentencias estimatorias en casos de terrorismo) y 03426-2008-PHC/TC (estado de cosas inconstitucional en penales), donde los estándares, aunque relevantes, presentan ambigüedades que dificultan su implementación uniforme.
En esa línea, las investigaciones de Ccancce y Ricaldi (2021) confirman que muchos jueces penales desconocen o aplican deficientemente las DJV, lo que genera inseguridad jurídica y deja sin efecto la finalidad protectora de estos precedentes. Este hallazgo muestra que, aunque las DJV han fortalecido formalmente las garantías procesales, su aplicación práctica sigue siendo un reto crucial para la efectividad del derecho a la defensa y la seguridad jurídica de los procesados.
III.3.- Contraste con opiniones doctrinarias sobre la DJV y sus desafíos en el sistema penal peruano
El contraste entre las principales opiniones doctrinarias peruanas y la práctica jurisprudencial muestra que la doctrina jurisprudencial vinculante (DJV) del Tribunal Constitucional ha contribuido a unificar criterios en materia penal, pero también evidencia retos significativos para su aplicación uniforme y eficaz.
Autores como Sáenz (2021) y Salas (2017) sostienen que sentencias como la 03248-2019-PHC/TC y la 00295-2012-PHC/TC han elevado el estándar garantista en el proceso penal, al exigir motivación reforzada en la prisión preventiva y criterios objetivos para el cómputo del plazo razonable. Sin embargo, estos mismos autores advierten que si la DJV no se formula con claridad o se aplica mecánicamente, puede derivar en decisiones contradictorias, debilitando su finalidad.
Tornero Cruzatt (2022) y Malpartida (2011) destacan que la inserción de la DJV en un sistema de tradición civilista, como el peruano, donde los precedentes no tienen arraigo histórico, genera tensiones con el principio de independencia judicial. Esto se evidencia en la práctica con sentencias como la 02748-2010-PHC/TC y la 05228-2006-PHC/TC, que regulan el plazo razonable en la investigación preliminar: si bien establecen parámetros claros, en la práctica algunos jueces justifican su inobservancia con base en particularidades del caso, mostrando resistencia a aplicar criterios uniformes.
Indacochea (2015) advierte que la DJV puede tensionar el principio de legalidad penal si sus fundamentos se interpretan como si ampliaran o modificaran el contenido de la ley penal. Esta preocupación es pertinente frente a sentencias como la 01805-2005-PHC/TC, que precisa límites a la imputación cuando la acción penal ya está prescrita, pues su desconocimiento genera inseguridad jurídica y vulnera el principio de legalidad.
Ccancce y Ricaldi (2021), por su parte, documentan en su estudio que jueces penales han desconocido fundamentos como los establecidos en la 03170-2010-PHC/TC (participación obligatoria de procuradores en delitos de tráfico ilícito de drogas y lavado de activos) o en la 04382-2023-AA/TC (allanamientos en estudios de abogados), confirmando que el desconocimiento de las DJV sigue siendo una práctica que afecta la uniformidad y la protección de los derechos fundamentales.
En ese sentido, el contraste doctrinario muestra que, mientras la DJV busca garantizar la supremacía constitucional y proteger derechos fundamentales, su efectividad depende de que los operadores jurídicos comprendan sus alcances y la apliquen correctamente. De lo contrario, como alertan los autores citados, los precedentes pueden convertirse en una fuente de incertidumbre jurídica, más que en un instrumento de seguridad y coherencia.
III.4.- Ejemplos de casos donde jueces ordinarios aplicaron o desconocieron la DJV
El análisis de la práctica judicial en materia penal revela ejemplos concretos tanto de aplicación adecuada como de desconocimiento injustificado de la doctrina jurisprudencial vinculante (DJV) emitida por el Tribunal Constitucional, lo que confirma los hallazgos doctrinarios sobre la dificultad de garantizar su cumplimiento uniforme en el sistema de justicia peruano.
En términos positivos, un ejemplo claro de aplicación correcta de la DJV se encuentra en resoluciones de juzgados de investigación preparatoria que, al resolver pedidos de prolongación de prisión preventiva, han citado expresamente los estándares fijados por el TC en la sentencia 03248-2019-PHC/TC, exigiendo motivación reforzada, análisis de proporcionalidad y la excepcionalidad de la medida. Estas resoluciones, fundamentadas en los criterios vinculantes del Tribunal, han permitido denegar solicitudes fiscales de ampliación de prisión preventiva cuando no existía justificación suficiente, liberando a procesados que sufrían dilaciones indebidas en su proceso y protegiendo su derecho a ser juzgados dentro de un plazo razonable.
Sin embargo, también se han registrado casos de desconocimiento de la DJV, como documentan Ccancce y Ricaldi (2021), quienes identificaron procesos penales en los que jueces dictaron prisión preventiva sin analizar los parámetros establecidos por el TC, limitándose a reproducir argumentos fiscales sin realizar el test de necesidad ni considerar alternativas menos lesivas, en abierta contradicción con los criterios vinculantes. Esta práctica, lejos de fortalecer las garantías procesales, evidencia la persistencia de criterios dispares que generan inseguridad jurídica para los procesados.
Otro ejemplo reciente es la aplicación inadecuada del plazo razonable en investigaciones complejas por lavado de activos: en varias resoluciones de cortes superiores de Lima emitidas entre 2020 y 2022, los jueces prolongaron investigaciones preliminares durante más de cinco años sin valorar los criterios establecidos en la DJV del caso 00295-2012-PHC/TC, lo que llevó a la declaración de nulidad de actos procesales en instancias superiores tras la interposición de habeas corpus por los imputados.
Estos ejemplos demuestran que, si bien existen jueces que aplican la DJV como estándar obligatorio para proteger derechos fundamentales, persisten situaciones donde su desconocimiento afecta gravemente el debido proceso. Ello confirma la necesidad de fortalecer la capacitación de magistrados y fiscales, y de desarrollar herramientas prácticas que garanticen la aplicación efectiva de la DJV en todas las instancias del proceso penal, como lo destacan Tornero (2022) y Sáenz (2021).
III.5.- Retos para la efectividad futura de la DJV en el proceso penal
El análisis integrado de las sentencias, junto con las opiniones doctrinarias, permite identificar una serie de desafíos que deben ser abordados para asegurar que la doctrina jurisprudencial vinculante (DJV) del Tribunal Constitucional cumpla su finalidad garantista y uniformizadora en el proceso penal peruano.
En primer lugar, resulta indispensable que el Tribunal Constitucional mejore la redacción de los fundamentos vinculantes, asegurando que sean claros, precisos y específicos, evitando ambigüedades que puedan derivar en interpretaciones dispares. Como advierten Indacochea (2015) y Sáenz (2021), la falta de claridad en los estándares favorece que jueces o fiscales justifiquen apartamientos injustificados de los criterios vinculantes, debilitando la seguridad jurídica.
En segundo lugar, se requiere que el Poder Judicial y el Ministerio Público implementen programas de formación continua, obligatorios para jueces y fiscales, sobre la naturaleza, jerarquía y alcance de la DJV. Ello permitirá que los operadores del sistema penal comprendan que la DJV no es solo un criterio orientador, sino un estándar obligatorio cuya inobservancia afecta directamente los derechos fundamentales de los procesados y la supremacía constitucional.
Asimismo, es recomendable que el Tribunal Constitucional publique compendios actualizados de sus DJV en materia penal, con notas explicativas y ejemplos prácticos de aplicación, para facilitar su comprensión y correcta ejecución en todos los niveles del sistema judicial. Esta herramienta práctica podría acompañarse de un repositorio digital que permita a los jueces acceder rápidamente a los precedentes vigentes.
Finalmente, corresponde al Congreso evaluar la necesidad de reforzar normativamente la ejecución de las DJV mediante reformas al Código Procesal Penal o al Código Procesal Constitucional, estableciendo mecanismos de supervisión y sanción para garantizar la obligatoriedad de su aplicación, especialmente en delitos complejos o de alto impacto social como corrupción, crimen organizado o terrorismo, donde el respeto de los estándares constitucionales es fundamental para la legitimidad del sistema penal.
Abordar estos retos permitirá que la DJV consolide su rol como herramienta eficaz de protección de los derechos fundamentales y como instrumento para una justicia penal más coherente, predecible y respetuosa de la Constitución.
Conclusiones
Referencias bibliográficas
Camacho, J. (2020). Validez de los argumentos jurídicos del Tribunal Constitucional en los precedentes vinculantes sobre la aplicación e inaplicación del control difuso administrativo. SCIÉNDO INGENIUM, 16(1), 143-155. Recuperado a partir de https://revistas.unitru.edu.pe/index.php/PGM/article/view/2763
Ccancce Caso, E. M., & Ricaldi Palomino, M. (2021). La obligatoriedad del precedente vinculante en el juzgamiento de un hecho punible [Tesis de Maestría, Universidad Continental]. https://repositorio.continental.edu.pe/bitstream/20.500.12394/10223/1/IV_PG_MDDP_TI_Ccancce_Ricaldi_2021.pdf
Congreso de la República del Perú. (1992). Decreto Legislativo N.º 767. Ley Orgánica del Poder Judicial. Diario Oficial El Peruano, 4 de marzo de 1992. [Modificada por Ley N.º 29364].
Congreso de la República del Perú. (1993). Constitución Política del Perú (vigente con reformas). Diario Oficial El Peruano. https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/constitucion-politica-del-peru-constitucion-politica-del-peru-20170904-1/
Congreso de la República del Perú. (2004). Ley N.º 28237. Código Procesal Constitucional. Diario Oficial El Peruano, 21 de mayo de 2004. https://www.tc.gob.pe/legislacion/ley28237.pdf
Congreso de la República del Perú. (2021). Ley N.º 31307. Nuevo Código Procesal Constitucional. Diario Oficial El Peruano, 22 de julio de 2021. https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-del-nuevo-codigo-procesal-constitucional-ley-n-31307-1973847-1/
Crispín, A. (Coord.). (2022). Precedentes y doctrina jurisprudencial vinculante del Tribunal Constitucional. Lima: Gaceta Jurídica.
Indacochea, U. (2015). La doctrina jurisprudencial y el precedente constitucional vinculante: una aproximación a la jurisprudencia constitucional desde la teoria de las fuentes del derecho. THEMIS Revista De Derecho, (67), 309-318. Recuperado a partir de https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/14477
Malpartida, V. (2011). Tribunal Constitucional vs. Poder Judicial (a propósito de un proceso competencial). Revista Oficial Del Poder Judicial, 6(6/7), 129-162. https://doi.org/10.35292/ropj.v6i6/7.199
Reyna, D. (2023). La doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional: vinculatoriedad y cambio de criterio. A propósito de la STC N.º 000949-2022-PA/TC. En D. García Belaunde (Ed.), Gaceta Constitucional & Procesal Constitucional (pp. 14–24). Lima: Gaceta Jurídica.
Rubio, M. (2005). La interpretación de la Constitución según el Tribunal Constitucional. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
Sáenz, L. R. (2017). La doctrina jurisprudencial vinculante y su desarrollo por el Tribunal Constitucional. En D. García Belaunde (Ed.), Gaceta Constitucional & Procesal Constitucional (pp. 91–117). Lima: Gaceta Jurídica.
Sáenz, L. R. (2022). El precedente vinculante en materia constitucional y su tratamiento en el Nuevo Código Procesal Constitucional. Revista Peruana De Derecho Constitucional, (14), 239–286. Recuperado a partir de https://revista.tc.gob.pe/index.php/revista/article/view/366
Salas, P. P. (2017). Doctrina jurisprudencial vinculante del Tribunal Constitucional: análisis y comentarios (1ª ed.). Lima: Gaceta Jurídica.
Tornero, F. (2022). La fuerza vinculante de la Constitución en el Perú: pasado y presente de la doctrina jurisprudencial. Ius Inkarri. Revista de Derecho y Sociedad, 4(1), 55–77. https://revistas.urp.edu.pe/index.php/Inkarri/article/view/5235
Tornero, Y. (2022). El carácter vinculante de la constitución en la historia constitucional peruana: del TGC al TC. Ius Inkarri, 11(12), 131-148. https://doi.org/10.59885/iusinkarri.2022.v11n12.06
[1] Egresado de la Maestría en Derecho Penal. Abogado del Tribunal Constitucional. Correo electrónico: mgarsan888@gmail.com.