Introducción
La inseguridad ciudadana y la criminalidad continúan creciendo día tras
día, no obstante los esfuerzos que despliega el Estado a través de sus tres
poderes para combatirla. Según Peña: “Son tres las manifestaciones delictivas
que azotan nuestras sociedades actuales: primero, la criminalidad callejera.
Segundo, la corrupción de funcionarios. Tercero, los aparatos criminales de
tentáculos operativos de gran calado, que transcienden los territorios de los
Estados” (2018, pp. 7-8).
Para Villavicencio, la “seguridad ciudadana constituye una preocupación
central debido a la creciente inseguridad en la que vive la mayoría de la
población como efecto de un crecimiento desmesurado de la delincuencia común y
organizada, que afecta sobre todo a las grandes ciudades como también a zonas
rurales de los diferentes países” (2019, p.23).
La criminalidad es un fenómeno social de ámbito mundial que pone en
riesgo la seguridad pública de un Estado. La respuesta de parte del Estado
peruano, casi de inmediato, es la solución penal, criminalizando conductas
sociales aún no penalizadas, incrementando las penas a los que ya existen,
creando nuevos tipos penales, como ocurrió con el delito de agresiones contra
las mujeres, incorporando circunstancias agravantes. Esto es, populismo
punitivo que, al ser sinceros, no ha contribuido a disminuir las cifras de la
criminalidad nacional.
En ese sentido, creemos que el populismo penal en el Perú, similar al
de otros países, constituye una estrategia para llegar al poder y generar en la
ciudadanía la opinión pública del rechazo y censura a la delincuencia. Siendo
así, el populismo penal implica la retórica por parte de los políticos de poner
mano dura contra el delito (Bonner, 2021).
I.- Contexto de globalización en que se gesta el populismo punitivo
La justicia penal, históricamente, ha sido desigual; castiga
únicamente a los más pobres. En la era de la globalización económica, política,
jurídica y de otros sectores, «con la vuelta del jurista a la realidad, llega
el declive del positivismo puro y la crisis del formalismo jurídico. Esto es,
la intervención jurídica se orienta hacia fines sociales, con lo que el Derecho
penal no se considera sino uno de los tantos instrumentos de control social del
Estado» (Sanz, 2019, p. 56).
En el siglo pasado, Roxin (2014) criticó duramente la abstracción
alcanzada por el sistema del derecho penal y la política criminal, sugiriendo
que la sistematización, interpretación y aplicación de las normas penales
debería estar relacionada con los fundamentos político-criminales de la teoría
de los fines de la pena. Por su parte, Jakobs (2006) propugna la prevención
general positiva como fin de la pena; pues el ilícito penal no se identifica
por el daño social, sino por la infidelidad al sistema jurídico.
La nueva realidad social en la que vivimos ha condicionado la
metamorfosis de la política criminal a nivel del globo, de la cual el Perú no
está exento. El derecho penal, procesal penal y política criminal ha dado un
giro desde la propugnación de la prevención especial positiva (resocialización)
hacia la prevención especial negativa (intimidación de nuevos delincuentes).
En dicho contexto, entra a la escena la política criminal populista, el
derecho penal simbólico, el derecho penal del riesgo y el derecho penal del
enemigo. Para el derecho penal simbólico, lo importante no es lograr realmente
evitar conducta ilícita, sino conseguir la sensación de seguridad, usando para
ello los medios de comunicación social, frente a problemas desbordantes como el
incremento incesante de la violencia de género (Sanz, 2019).
Son notorios los intereses políticos y demagógicos en la creación o
propuesta de normas penales, de parte de los legisladores, como ocurre con la
cadena perpetua por delito de feminicidio, o la sobre criminalización de todos
los nuevos delitos de violencia de género; la propuesta de pena de muerte para
violadores, entre otros. Las constantes modificaciones de las leyes sobre
delitos más frecuentes, en especial con el endurecimiento de las penas, no responden
a fines que en concreto puedan resolver la criminalidad, sino a propagandas
politiqueras. En consecuencia, «la reforma penal, por tanto, es frecuentemente
utilizada con una perspectiva casi únicamente electoralista, pues resulta un
medio barato, inmediato, efectista y con gran potencial simbólico. Esto es, los
costes son bajos y los beneficios altos, sobre todo desde el punto de vista
electoral.» (Sanz, 2019, p. 67).
II.- Criminalidad real y populismo punitivo
Frente al aumento de la delincuencia común y organizada, y la
correspondiente sensación de inseguridad de parte de la población civil,
quienes claman la efectividad y protección de las leyes, exigiendo las
sanciones máximas, los legisladores penalizan y sobrepenalizan los delitos más
frecuentes, como el delito de agresiones contra las mujeres, el feminicidio, el
tráfico de drogas, la criminalidad organizada, la corrupción de funcionarios,
violación sexual, entre otros.
El derecho penal empieza a ser percibido por la opinión generalizada de
la sociedad como una herramienta apta para proveer un arsenal de medios
efectivos de lucha contra el delito y de represión de la violencia,
configurándose el discurso de justificación de un derecho penal para enemigos cuya concretización legal cimienta una demanda social de existencia
innegable (Arocena, 2005).
El endurecimiento penal, de hecho, no
es una estrategia política criminal privativa del sistema jurídico peruano.
Como nos recuerda Sanz, «sí es evidente la influencia que ha tenido en todo
ello el contexto internacional de endurecimiento punitivo, liderado por Estados
Unidos tras los ataques del 11-S.» (2019, p.91), habiendo logrado su máximo
éxito en El Salvador.
Sobre el particular, Roxin (2012), en
definitiva, resulta, «que una dogmática penal fundada por política criminal no
solamente es una ciencia limitadora de la pena, aunque sí lo sea en lo
esencial». La política criminal no solo debe enfatizar la hiperpenalización de
los delitos como mecanismo de erradicación de la criminalidad.
La sensación de inseguridad, real o
imaginaria, constituye el caldo de cultivo para réditos electorales.
Principalmente, los candidatos o aspirantes al gobierno o al congreso usan como
estrategia de campaña, para convencer al electorado, que con la delincuencia serán
severos e implacables, castigándoles con penas ejemplares y de cadena perpetua.
En manos de los políticos, Derecho Penal, Procesal Penal y la Política
Criminal, «en definitiva, se ha convertido en una especie de instrumento de
guerra frente a los civiles, admitiéndose la guerra militar frente al enemigo»
(Sanz, 2019, p. 91). Papel de los medios de comunicación de masas en el
populismo penal
La influencia de los medios de comunicación de masas y/o redes
sociales, en la percepción de la inseguridad y la propuesta de severidad penal,
es notoria y posee la enorme capacidad de producir opinión pública.
Si no fuera por los medios de comunicación, difícilmente tomaríamos conocimiento de los
sucesos que ocurren en nuestro alrededor y en el mundo. Pero, no solo informan,
sino también fijan la agenda del debate. «Los medios tienen,
por tanto, el poder de situar en el
debate público una determinada cuestión, convirtiéndola así en asunto de
interés nacional y con independencia de la importancia que realmente tenga»
(Sanz, 2019, p.101).
Siendo ello así, «los medios tendrían el rol de manipular y servir como
propaganda al servicio de los discursos populistas, generando repercusiones
negativas en la democracia y menoscabando la formación de una opinión pública
crítica de este tipo de discursos» (Ruiz y Arenas, 2022, p.222).
Los medios de comunicación, por tanto,
actúan como un cuarto poder del Estado; recolectan, seleccionan, discriminan y
difunden las noticias que desean transmitir. Merced a los medios de
comunicación, sabemos cuáles son los problemas sociales palpitantes, cuáles son
los proyectos de leyes en propuesta, qué normas jurídicas se han creado, etc.
En consecuencia:
La percepción ciudadana sobre la
delincuencia no proviene generalmente de la propia experiencia, sino de la
información recibida sobre el tema. La alarma social se produce cuando los
medios dicen que se ha producido. Los medios masivos se han convertido, por
tanto, en protagonistas de los análisis de la política criminal en nuestro
país, siendo ya considerados uno de los actores básicos del giro punitivista
adoptado por nuestro sistema penal en las últimas décadas (Sanz, 2019, p.102).
El derecho penal persigue fines
determinados: la retribución, la prevención general y especial, la protección
al condenado. Sin embargo, ha sido incapaz de cumplir con dichas finalidades y,
por el contrario, ha desarrollado funciones no declaradas, que han sido una
muestra evidente de la instrumentalización política criminal
Conclusiones
1.- El populismo
punitivo implica la retórica utilizada por parte de los políticos, para poner
mano dura contra el delito, produciendo leyes irrelevantes, creando nuevos
delitos, adelantando las barreras de punición, incluyendo circunstancias
agravantes, entre otros.
2.- Las
manifestaciones delictivas que azotan nuestras sociedades actuales se agrupan
en tres: la criminalidad común, la corrupción de funcionarios y la criminalidad
organizada.
3.- Resulta
notorio la gran influencia que ha ejercido en todo ello el contexto
internacional la estrategia de endurecimiento punitivo, liderado por Estados
Unidos tras los ataques del 11-S, habiendo logrado su máximo éxito en El
Salvador.
4.- La
percepción de la ciudadanía respecto al crimen, la inseguridad ciudadana,
corrupción de funcionarios y la criminalidad organizada, no se forma de la
propia experiencia, sino de la información proporcionada por los medios de
comunicación; por tanto, estos medios marcan la agenda político criminal.
Referencia bibliográfica
Sanz, N. (2019). Política Criminal. INEJ-Instituto de Estudio e
Investigación Jurídica. AROCENA, Gustavo: El derecho penal y el problema de la inseguridad ciudadana,
artículo en libro: Los desafíos del derecho penal en el siglo XXI (Dir.
Guillermo J. yacobucce) Lima-Perú: ARA Editores.
Prado, V. R. (2019). Derecho
penal y política
criminal. Problemas contemporáneos. Lima, Perú:
Gaceta Jurídica.
Roxin, C. (2014).
Teoría del delito en la discusión actual. Grijley Jakobs, G. (2006). Derecho penal
del enemigo. Thomson
Peña, A. (2018). Tráfico ilícito de
drogas y delitos conexos. Perspectivas dogmáticas y político criminales. Editorial IDEAS.
Ruiz, C. y Arenas, R. (2022). Populismo punitivo: manifestación política
vs. Derecho penal. Artículo en revista de Derecho. Universidad
del Norte.
Bonner, M. (2021).
¿Qué es el populismo
punitivo? Una tipología
basada en la comunicación mediática. Artículo en revista Matriz.
_files/image001.png){kind=small}