La Revista Rafael Velarde Álvarez Rivera es una publicación académica del Colegio de Abogados de Ayacucho, dedicada a la difusión de investigaciones jurídicas, comentarios de jurisprudencia y ensayos en el campo del derecho. Su objetivo es contribuir al debate jurídico nacional e internacional con trabajos de calidad y rigor académico.
Comité Editorial del Ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho
La literatura como herramienta para una motivación judicial humana
En el presente artículo se analiza la relación entre el Derecho y la Literatura, desde el enfoque de la corriente “Derecho en la Literatura” y su impacto en la formación y cultura jurídica. Se analiza cómo la narrativa y la verosimilitud actúan como herramientas esenciales en la construcción de la hipótesis fiscal y la contranarrativa de la defensa técnica, principalmente de la parte acusada. Finalmente, se aborda la sentencia como un relato que requiere claridad, completitud y sensibilidad humana en la motivación de la misma. Se concluye que la literatura humaniza la técnica jurídica, garantizando una administración de justicia más comprensible y democrática
Derechos de autor 2026 Revista Rafael Velarde Álvarez Rivera
El rol de los fiscales especializados en derechos humanos en la consolidación del Estado de derecho
El Perú aún es escenario de distintos incidentes de desigualdad, abuso de poder, discriminación, indiferencia social y de voces silenciadas por el temor o la desconfianza. Cada uno de estos incidentes se vincula directamente con los derechos humanos. En este contexto social, es fundamental el rol protagónico del fiscal especializado en derechos humanos, que debe ejercitarlo con competencias sólidas y con coraje moral para garantizar el pleno goce de los derechos humanos en el proceso penal. Su labor no solo está orientada a defender la legalidad, sino también incide en la consolidación del Estado de derecho
Un necesario deslinde entre la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral, el juicio político y el antejuicio, a fin de asegurar su conformidad con el principio de ne bis in idem
El presente artículo académico pretende analizar la naturaleza jurídica de la vacancia presidencial en relación a su aplicación a través de la causal por permanente incapacidad moral contenida en el artículo 113°.2 de la Constitución Política del Estado y su diferencia con otras instituciones del derecho parlamentario como el juicio político y el antejuicio, a fin de asegurar su conformidad con el principio ne bis in idem como plexo del debido proceso, a fin de determinar si acaso el Congreso transgrede o no este principio en el trámite de la vacancia por permanente incapacidad moral presidencial.
Obligatoriedad de las sentencias emitidas de la CIDH en el derecho interno peruano: caso Cayara
El presente artículo examina jurídicamente la configuración de la obligatoriedad de aplicación de las sentencias de la Corte Interamericana en el Perú a partir del caso Cayara vs. Perú (1993), en cuanto a su importancia histórico-doctrinal y al fundamento convencional y constitucional de la fuerza vinculante de las resoluciones, especialmente del artículo 68.1 de la Convención Americana y del artículo 205 de la Constitución peruana; se pretendió analizar que el cumplimiento de las sentencias se entiende que constituye una obligación jurídica universal que compromete a cualquier órgano interno del Estado que sea miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA)
Necesidad del reconocimiento constitucional de los derechos colectivos de pueblos originarios en el Perú
Desde la ratificación por parte del Perú del Convenio 169 de la OIT (1989) en el año 1994, se han reconocido y constitucionalizado un significativo número de derechos colectivos de los pueblos originarios. Entre tanto, los que aún no están constitucionalizados, su vigencia se concibe a partir de las leyes infraconstitucionales o de los tratados internacionales, de los cuales el Perú es parte. Siendo el Perú un país multicultural, nación de todas las sangres en términos de Arguedas, resulta necesario el reconocimiento expreso en la Constitución de todos los derechos colectivos de los pueblos originarios; solo así podremos hablar de su plena vigencia y reconocimiento. En este artículo, el autor analiza los derechos colectivos expresamente consagrados e identifica los que aún no están constitucionalizados.
Análisis de la inconstitucionalidad de la ley N.° 32330 en la sentencia 2/2026 del Tribunal Constitucional del Perú
El presente artículo científico analiza la Sentencia 2/2026 del Tribunal Constitucional del Perú, la cual declaró la inconstitucionalidad parcial de la Ley N.° 32330. Esta norma pretendía reformar el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes para incorporar a los menores de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal ordinario frente a delitos de extrema gravedad. A través de un enfoque dogmático-constitucional y criminológico, se examina cómo la resolución del Tribunal Constitucional salvaguarda los principios de protección especial de la niñez, el interés superior del niño y la prohibición de regresividad de los derechos humanos. Asimismo, se destaca el aporte académico sustancial de la sentencia al integrar de forma pionera hallazgos de la neurociencia contemporánea — específicamente sobre el desarrollo de la corteza prefrontal y las funciones ejecutivas— para redefinir el concepto de culpabilidad en adolescentes. El estudio concluye que el fallo consolida el Estado constitucional de derecho frente a las corrientes del populismo punitivo, reafirmando que la respuesta estatal ante la criminalidad juvenil debe articularse desde una justicia especializada, restaurativa y científicamente fundamentada, descartando la asimilación del menor al régimen penitenciario de adultos, dada la crisis estructural de hacinamiento que atraviesa el sistema carcelario peruano.
El lugar de la sucesión presidencial en el orden constitucional peruano
El artículo examina si puede existir democracia en mandatos presidenciales que no fueron elegidos directamente por la ciudadanía, a partir de la experiencia constitucional peruana. Expone los orígenes y bases de la democracia, destacando las experiencias griega y romana, y desarrolla cuatro planos interrelacionados, conceptual, institucional, programático y cultural, donde la participación ciudadana resulta esencial. Distingue democracia directa, representativa y participativa como dimensiones complementarias. En el marco de la Constitución de 1993, subraya el carácter representativo del gobierno, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el papel del sufragio, en su doble vertiente activa y pasiva, sujeto a límites y controles constitucionales. Analiza los supuestos de presidentes no electos que alcanzaron el cargo por la sucesión presidencial versus gobiernos de facto, y el binomio legalidad-legitimidad. Presenta los casos de Paniagua (2000-2001) y Sagasti (2020-2021), y una coyuntura, para mostrar que la continuidad democrática exige respeto al orden constitucional, transparencia, derechos y reconstrucción de confianza
Constitución Política y participación ciudadana
Justicia administrativa en juego: una anatomía sobre la configuración del derecho de apelación en la contratación pública
En el presente trabajo se analizan los distintos aspectos que trae el recurso de apelación en su aplicación práctica a la nueva Ley General de Contrataciones Públicas (Ley N.º 32069), que entró en aplicación a partir de abril del año 2025 y que trae algunas novedades en cuestión de procedimientos, definiciones y términos respecto a la anterior. El análisis del recurso de apelación será por parte de las entidades públicas y el Tribunal de Contrataciones Públicas, siendo estas competentes para conocer el procedimiento recursivo; así, poder brindar un panorama general al procedimiento establecido en la ley y su reglamento, que por su naturaleza es de interés público.
Daniel de Jesús Caballero Palacios Caballero Palacios
Inteligencia artificial en la labor fiscal: requerimientos inteligentes
Este artículo analiza el uso de la Inteligencia Artificial (IA) como herramienta auxiliar en la elaboración de requerimientos fiscales en el ámbito peruano, identifica aplicaciones potenciales en fases como el análisis probatorio, verificación de estándares jurídicos y redacción asistida, que podrían optimizar procesos y contrarrestar deficiencias como el <<forzamiento de la acusación>>. También, advierte graves riesgos si la IA transgrede su rol subordinado, vulnerando principios cardinales del proceso penal: la exclusividad de la función fiscal (legalidad), la motivación suficiente (amenazada por algoritmos <<caja negra>>), la presunción de inocencia (por reproducción de sesgos) y la responsabilidad personal del fiscal. Se concluye que la implementación debe ser precavida y regida por un marco regulatorio estricto, asegurando que la IA opere con transparencia explicable, bajo vigilancia humana significativa y auditoría de sesgos. El fin es fortalecer, a través de un soporte crítico, el juicio profesional, la autonomía y la responsabilidad ética del fiscal en la defensa de la legalidad.
Rosa Verónica Jacqueline Ccasani Laureano
Personas jurídicas: su incorporación al proceso penal en los delitos de lavado de activos y las limitaciones en la función del ministerio público
El trabajo tiene como objetivo analizar la incorporación de las personas jurídicas en el proceso penal y las limitaciones que se presentan en la función fiscal. Se empleó también el análisis de los resultados de las encuestas a 70 abogados, cuyo enfoque es mixto. Como resultado, se tiene que es necesario que existan modificaciones en la legislación sobre el tratamiento de la incorporación de la persona jurídica al proceso penal. La principal conclusión es que, en el tratamiento actual de la incorporación de la persona jurídica al proceso penal, existen limitaciones que generan actuaciones inoficiosas que afectarían el debido proceso.
¿Debe el código procesal penal reconocer expresamente la evidencia 54 - 62 digital? Vacíos normativos, propuestas y estándares mínimos de cadena de custodia digital en el proceso penal peruano
La evidencia digital como (mensajes, registros de geolocalización, correos, videos, fotografías, capturas de pantalla, etc.), se ha vuelto habitual en la litigación penal de nuestra región, pero su tratamiento, si hacemos una mirada a nuestro estatuto procesal, sigue dependiendo en gran medida de las reglas generales de prueba documental, pericia y de cadena de custodia concebidas para evidencias físicas. En este artículo sostendremos que es inminente el reconocimiento expreso y explícito en nuestro estatuto procesal, siempre que se haga con técnica legislativa compatible con la libertad probatoria y con los estándares mínimos internacionales de integridad, autenticidad, trazabilidad, reproducibilidad y auditabilidad.
Ismael Escalante Huamani Ismael Escalante Huamani
La defensa ineficaz a partir del error en la apreciación de elementos de convicción corroborantes de la culpabilidad del imputado
En la práctica penal peruana existe un vacío normativo sobre la defensa técnica ineficaz. La jurisprudencia ha elaborado un catálogo no exhaustivo, limitado a supuestos de negligencia formal, sin reconocer el error negligente del defensor en la valoración de los elementos de convicción de culpabilidad. Este trabajo examina el caso del abogado que, pese a una alta probabilidad probatoria de culpabilidad, insiste en una estrategia de inocencia total y omite el uso de mecanismos de simplificación procesal o de derecho penal premial. Se propone reconocer dicha conducta como una manifestación de defensa técnica ineficaz.
¿Los alimentos devengados forman parte de la reparación civil?
Surge la interrogante de que, en las sentencias recaídas en los delitos de omisión a la asistencia familiar, el pago de los alimentos devengados no forma parte de la reparación civil; es más, por este último concepto se fija expresamente un monto distinto y simbólico, mientras que el pago de los alimentos devengados se establece como regla de conducta. Dilucidar esta práctica ortodoxa tiene especial importancia debido a que con ello deberá delimitarse la actuación del actor civil respecto del Ministerio Público y el tratamiento que ha de corresponderle para efectivizar el pago.
Principio de resocialización y la inhabilitación perpetua en los delitos de corrupción: un análisis de su compatibilidad constitucional
La inhabilitación perpetua en delitos de corrupción ha sido cuestionada por una supuesta vulneración del principio constitucional de resocialización. El presente artículo analiza, desde una perspectiva dogmática, constitucional y jurisprudencial, la verdadera naturaleza de dicho principio y su ámbito de aplicación. Sostiene que la resocialización opera exclusivamente en el marco de las penas privativas de libertad y no resulta exigible frente a penas restrictivas de derechos, como la inhabilitación; asimismo, examina la lesividad social de la corrupción y justifica la inhabilitación perpetua como una medida legítima de protección institucional y prevención de riesgos estructurales en la administración pública.
La importancia de la criminalística en la investigación penal peruana
En el artículo se analiza la importancia de la criminalística en la investigación penal peruana, destacando su papel como soporte técnico-científico en la construcción de la prueba, dentro del modelo procesal penal acusatorio. Se examinan los fundamentos conceptuales, evolución histórica, principios criminalísticos y métodos de investigación que sustentan su carácter científico. Asimismo, se desarrolla su integración funcional con la investigación penal dirigida por el Ministerio Público, su vinculación con el debido proceso y su contribución a la legalidad probatoria. Se abordan también los procedimientos técnico-criminalísticos en la escena del crimen, la documentación de evidencias y la actuación en delitos violentos, especialmente homicidios y delitos sexuales. Finalmente, se identifican problemas frecuentes en la práctica peruana, como la contaminación de la escena, la ruptura de la cadena de custodia y limitaciones técnicas, analizando su impacto en la validez probatoria y en la administración de justicia.
Fundación y breve historia del Ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho
La Fundación del Ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho, data del año 1914, encontrándose como presidente de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, el doctor Rafael Velarde Álvarez Rivera, quien poseía una indesmayable voluntad y amor por las instituciones de este orden, pues en virtud de la Ley N.° 1367 del 20 de marzo de 1910, autorizó la creación del Colegios de Abogados, en las capitales de distritos judiciales, siempre que cuenten como mínimo con doce letrados inscritos. De esta manera, se interesó en la creación del Colegio de Abogados de Ayacucho, señalando en su momento lo siguiente: «creí conveniente invitar a los abogados de esta ciudad a una reunión que se ha efectuado el cinco del mes en curso, en la que se ha acordado la fundación del colegio respectivo, nombrándose una comisión que en breve plazo forjé y presente el proyecto de sus estatutos, en mérito a la ley antes indicada».
Derechos de autor 2025 Revista Rafael Velarde Álvarez Rivera
La necesidad de una reforma total de la Constitución Política del Perú
El presente artículo, expone argumentos para una reforma total de la Constitución Política del Perú de 1993. Se mostrará que la Constitución influye en el ámbito social, económico y político del país, que redunda finalmente en el bienestar de todos los peruanos y peruanas. La mayoría de los problemas trascendentales del país, se originan y son avaladas por la actual carta magna. La reforma total implica establecer normas que fortalezcan las bases constitucionales del Estado, la institucionalidad de las entidades públicas, servicios públicos de calidad y la igualdad de oportunidades.
La independencia en el desempeño de la labor jurisdiccional: análisis sobre los alcances jurisprudenciales del Tribunal Constitucional del Perú
Se aborda un análisis de un principio rector como base de la labor judicial, a través del estudio de pronunciamientos relevantes del Tribunal Constitucional, se identifican factores estructurales y políticos que la amenazan. Se adopta un enfoque jurídico-dogmático, sustentado en el análisis sistemático de la jurisprudencia del máximo órgano de interpretación constitucional a lo largo de los años, complementado con los pronunciamientos del Tribunal Europeo. Finalmente, plantea la necesidad de fortalecer la autonomía judicial, la ética profesional y la confianza pública en el sistema judicial.
Control disciplinario de magistrados en el Estado Constitucional: límites y garantías en el Perú
¿Hasta dónde puede ingresar el control disciplinario sin afectar la autonomía judicial? El presente trabajo analiza la falta de límites claros en el control disciplinario de magistrados en el Perú. Problemática que podría afectar seriamente la independencia judicial y la legitimidad del sistema de justicia, si no se tiene un panorama claro sobre el particular. Es propósito de la presente investigación, examinar cómo esta indeterminación normativa y las deficiencias prácticas de los órganos de control del Poder Judicial y del Ministerio Público, pueden generar arbitrariedad y desbordes en el control funcional jurisdiccional y fiscal. Mirada exploratoria, que apunta a que el control funcional esté acorde con los principios rectores del procedimiento disciplinario de objetividad, razonabilidad y proporcionalidad. Se concluye que se requieren reformas normativas, procedimentales
El rol de las fiscalías de prevención del delito: análisis normativo del reglamento
Este estudio analiza la configuración jurídica del reglamento denominado “Función de prevención del delito del Ministerio Público”, aprobado mediante Resolución N.° 410-2025-MP-FN. Se argumenta que su configuración es sui generis, al no encajar en las categorías del derecho sustantivo o procesal. A diferencia del reglamento anterior, este adopta un enfoque funcional y extraprocesal, centrado en la gestión del riesgo penal. El artículo concluye que, para maximizar su efecto institucional, dicho reglamento debería contar con un soporte normativo de mayor jerarquía que fortalezca la coordinación interinstitucional y la eficacia en políticas de prevención.
Determinación judicial de la pena post A.P. 1-2023 y A.P.E. 2-2024/CIJ-112: ¿Estándar de proporcionalidad o formalismo judicial?
La Corte Suprema de Justicia, mediante el Acuerdo Plenario 1-2023/CIJ-112, así como el Acuerdo Plenario Extraordinario 2-2024/CIJ-112 y su fe de erratas, redefine la aplicación de la determinación judicial de la pena, planteando la aplicación de dos sistemas operativos: el uso del sistema de tercios y el sistema escalonado, según concurran circunstancias genéricas o específicas. Además, establece el procedimiento correcto para la determinación de penas, cuando se presentan agravantes cualificadas, causales de aumento o disminución de punibilidad y las reglas de bonificación, destacando la eficacia acumulativa. Asimismo, se aborda el tratamiento diferenciado de la tentativa, especialmente tras la Ley 32258. También se realiza una crítica a la acumulación de penas (eficacia acumulativa) que resulta perjudicial, en algunos supuestos, para el imputado. Por lo que se exige mayor coherencia entre la jurisprudencia, la ley y la proporcionalidad de la pena impuesta.
Relato de un(a) menor en cámara gesell: ¿Entrevista suficiente o narración que debe ser corroborada?
El artículo analiza, de manera crítica, la disfunción sistémica del proceso penal peruano en la que se formulan acusaciones fiscales sin la debida convicción probatoria. Tras la implementación del Código Procesal Penal de 2004, que inició un sistema acusatorio, el Ministerio Público asumió la responsabilidad de fundamentar la acusación con “plena certeza” sobre la comisión de un delito, un estándar superior al de simple sospecha. Sin embargo, en la práctica, el artículo identifica una patología conocida como el “forzamiento de la acusación”, donde los fiscales superiores anulan la decisión de sobreseimiento de un fiscal provincial, obligando a otro fiscal —a menudo sin conocimiento previo del caso— a sustentar una acusación carente de elementos sólidos.
La imputabilidad penal del adolescente desde el enfoque de los Derechos Humanos: comentarios a la ley N° 32330
El presente artículo se centra en realizar un análisis y explicación de la imputabilidad penal del adolescente regulado mediante Ley 32330, vigente dentro del ordenamiento nacional, que vulnera y contradice la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificado por el Estado peruano; para luego desarrollar aspectos de la culpabilidad en la teoría general del delito, la jurisprudencia emitida y comentarios de la ley antes mencionada.
El requerimiento de acusación fiscal sin convicción: Un análisis crítico de sus disfunciones y su impacto en la credibilidad de la justicia peruana
Richard Almonacid Zamudio Almonacid Zamudio
La revisión de sentencia en el juicio inquisitivo a Juana de Arco
El presente artículo no solo muestra aspectos relevantes sobre la vida de la doncella de Orleans, sino también cómo las diversas instituciones del derecho penal y procesal penal, cuya vigencia actual es palpable, fueron palmariamente violadas en el proceso inquisitorial que se instauró contra Juana de Arco. Además, se determina como antecedente histórico de la acción de revisión el proceso de rehabilitación de quien póstumamente fue beatificada y santificada (S. XX). Para este propósito, acudimos principalmente a la voz autorizada de Henri Wallon (1812-1904), destacado académico francés, quien, a su vez, consultó archivos del juicio original, así como otras fuentes medievales, para relatar con mayor solvencia lo ocurrido con la Pucelle en su macabro juicio inquisitorial. Así, se advierte que la historia converge con el derecho de forma didáctica.
¿Es virtuoso el juez estando aún frente a dilemas morales?
El ensayo analiza la relevancia de la ética judicial en la resolución de casos difíciles, donde la aplicación de la norma jurídica resulta no ser suficiente. Se sostiene que el juez virtuoso, es aquel dotado de liderazgo, prudencia, imparcialidad e integridad, que posee la capacidad de enfrentar dilemas morales, en los cuales no existen procedimientos o criterios establecidos para resolver un conflicto, pese a que ello implique dejar en el juez «un residuo moral». Es así que, a partir de las ideas de Amalia Amaya, con las que se coinciden, se concluye que la justicia requiere no solo de conocimiento técnico, sino también que el sistema judicial esté integrado de jueces virtuosos.
Roxana Patricia Gálvez Fernández Gálvez Fernández
Factores estructurales en el feminicidio peruano: análisis criminológico desde la interseccionalidad (2020–2024)
El presente artículo desarrolla una revisión sistemática de literatura científica, jurisprudencia e informes oficiales (2020–2024), orientada a identificar los factores estructurales que explican la persistencia del feminicidio en el Perú. Bajo un enfoque criminológico e interseccional, se examinan variables jurídicas, institucionales, territoriales y socioculturales, que permiten comprender este fenómeno como un problema multicausal de derechos humanos. El análisis revela un incremento sostenido de casos, una concentración geográfica en regiones con alta desigualdad y un elevado porcentaje de víctimas con denuncias previas no protegidas. Se propone fortalecer la política criminal feminista, la capacidad estatal de prevención y el enfoque interseccional en las instituciones del sistema de justicia.
La reforma del artículo 296 del Código Penal: implicancias del término «usos ilegales» y la situación jurídica del «burrier»
La reciente reforma del artículo 296 del Código Penal, introducida por el Decreto Legislativo 1592, marca un punto de inflexión en la política criminal peruana frente al tráfico ilícito de drogas. Al reemplazar «para fines de tráfico» por la frase «para usos ilegales» e incluir las «nuevas sustancias psicoactivas», el legislador amplía el espectro punitivo y redefine los límites entre consumo, posesión y tráfico. Esta modificación plantea interrogantes sobre el alcance del bien jurídico protegido y, especialmente, sobre la situación legal del «burrier», figura que encarna uno de los eslabones más controvertidos en la cadena del narcotráfico.
¿El (auto)golpe de Estado califica como delito de rebelión?: análisis penal del caso peruano
El artículo académico buscar determinar si el acto de disolución del Congreso por parte del expresidente peruano José Pedro Castillo Terrones, puede calificarse como un delito de rebelión, por lo que se examinan las características del delito de rebelión, su tipificación legal y su naturaleza, así como la diferencia entre rebelión, sedición y conspiración; además, se contempla el alcance de la estructura del sistema penal y prosecución de delitos políticos o de rebelión en casos de intentos de alteración del orden constitucional. El análisis enfatiza la necesidad de un proceso judicial riguroso y respetuoso de los derechos humanos.
El abogado como medio para el desarrollo social: análisis de la profesión
El artículo examina la abogacía como profesión dotada de un pacto social que combina saber técnico y compromiso ético para fortalecer el Estado constitucional. Analiza el concepto de profesión, los elementos que distinguen al abogado: autonomía, función social, tutela del Derecho y promoción de la convivencia, y muestra cómo la buena praxis, basada en probidad, lealtad e igualdad, convierte al abogado en agente de desarrollo. Mediante casos y datos, ilustra su rol en la resolución pacífica de conflictos, la ampliación de derechos y la cohesión social, concluyendo con propuestas para potenciar esta función transformadora.