La Revista Rafael Velarde Álvarez Rivera es una publicación académica del Colegio de Abogados de Ayacucho, dedicada a la difusión de investigaciones jurídicas, comentarios de jurisprudencia y ensayos en el campo del derecho. Su objetivo es contribuir al debate jurídico nacional e internacional con trabajos de calidad y rigor académico.
Comité Editorial del Ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho
Violencia política hacia la mujer en el derecho comparado de Perú y Colombia
El objetivo del artículo pretende analizar, a través del método comparativo, la normatividad que Colombia y Perú han emitido para implementar medidas encaminadas a prevenir, atender y sancionar la violencia hacia la mujer en el ámbito político como una forma de proteger los derechos de las mujeres en igualdad de condiciones en este campo de acción; el artículo se presenta con el objetivo de identificar semejanzas y diferencias a partir de la descripción de los conceptos que utiliza la norma de cada Estado, las instituciones involucradas y las sanciones a imponer a los infractores. El enfoque comparado se efectúa bajo una perspectiva de disciplina académica general y del derecho positivo en la promulgación de las leyes emitidas por los dos Estados
mujeres, vulneración de derechos humanos
Derechos de autor 2026 Revista Rafael Velarde Álvarez Rivera
Trayectorias de degradación democrática y erosión de libertades fundamentales frente al auge de los autoritarismos regionales en Colombia, Perú y Nicaragua
El artículo examina la degradación democrática en América Latina como un proceso regional desigual, marcado por captura institucional, polarización política, uso instrumental de la norma y erosión de libertades fundamentales. A partir del contraste entre Colombia, Perú y Nicaragua, y con apoyo en fuentes doctrinales, informes institucionales y estándares interamericanos, se analiza cómo el deterioro puede avanzar sin rupturas visibles del orden constitucional, especialmente cuando la legalidad deja de operar como límite al poder y empieza a convertirse en mecanismo de cierre del espacio cívico frente a la crítica, la prensa, la oposición y la defensa de derechos humanos.
¿Genocidio en palestina? Análisis doctrinal y jurisprudencial de la responsabilidad del Estado de Israel ante el derecho internacional
Este trabajo examina, con herramientas doctrinales y jurisprudenciales, si la conducta israelí en los territorios palestinos ocupados, particularmente en Gaza a partir de octubre de 2023, encuadra en el tipo de genocidio previsto en la Convención de 1948 y qué responsabilidad internacional se seguiría de ello. Para responder, se revisan las providencias cautelares dictadas por la Corte Internacional de Justicia en el caso que promovió Sudáfrica, su dictamen consultivo de 2024 y las órdenes de captura de la Corte Penal Internacional, atendiendo también a las razones de quienes rechazan esa calificación.Genocidio, Derecho internacional
El reconocimiento voluntario como atenuante de la responsabilidad administrativa en las infracciones laborales
El presente artículo analiza el reconocimiento voluntario de la responsabilidad como atenuante en el procedimiento administrativo sancionador laboral peruano. Se examina la tensión existente entre la regulación general prevista en la Ley n.° 27444, que reconoce este beneficio sin exigir la subsanación de la infracción, y la normativa especial de inspección laboral, que condiciona la reducción de multas únicamente a infracciones subsanables. El estudio sostiene que dicha restricción resulta cuestionable desde los principios de jerarquía normativa, razonabilidad y favorabilidad al administrado. Finalmente, se propone una interpretación integradora que permita aplicar el reconocimiento voluntario también en infracciones insubsanables.
El derecho administrativo y corrupción en el Perú: Un diagnóstico de la disfunción estatal
El estudio tuvo como objetivo analizar los vacíos normativos del Derecho Administrativo peruano en la gestión disfuncional del Estado como condiciones estructurales que facilitan la configuración de delitos contra la administración pública frente a la corrupción. Los hallazgos evidencian que se identifica la dispersión normativa, la discrecionalidad y los controles ineficaces, los cuales generan un entorno donde la corrupción se normaliza como práctica adaptativa. Los delitos contra la administración pública y los delitos de corrupción emergen como síntoma de una crisis de sentido en la administración pública, donde la norma pierde autoridad simbólica y es percibida como obstáculo y no como guía. En tal sentido, se requiere una reforma integral que articule prevención, control y sanción, reconociendo los matices de la corrupción
delitos contra la administración pública
El hacinamiento penitenciario y la declaración del Estado de cosas inconstitucional en el Perú: análisis de la respuesta estatal
El presente artículo analiza la eficacia de la respuesta estatal peruana frente al hacinamiento penitenciario a partir de la declaración del Estado de Cosas Inconstitucional realizada por el Tribunal Constitucional en el 2020. Para ello, se desarrolla la problemática del hacinamiento penitenciario, detallando sus factores principales; se continúa con un breve detalle de la vulneración de los derechos fundamentales que genera esta problemática. Posteriormente, se estudia la figura del Estado de Cosas Inconstitucional y los mecanismos que impulsó el Tribunal Constitucional mediante el Expediente N.° 05436-2014-PHC/TC. Finalmente, se realiza un análisis de la respuesta estatal peruana, concluyéndose que, si bien la declaración del Estado de Cosas Inconstitucional permitió visibilizar la gravedad del problema, los resultados alcanzados hasta el momento han sido limitados por la ausencia de una política integral.
La reparación del daño al animal como ser sintiente: un análisis comparado entre los ordenamientos jurídicos de Colombia y Perú
Colombia y Perú reconocieron, casi simultáneamente, en 2016, a los animales como seres sintientes o sensibles; sin embargo, ese avance no se tradujo en un mecanismo claro de reparación del daño causado al propio animal, que el derecho civil sigue tratando como cosa o bien mueble. El presente artículo compara ambos ordenamientos, revisa la evolución jurisprudencial, del caso del oso Chucho a la prohibición de la caza deportiva, y propone repensar la responsabilidad civil para que el animal lesionado, y no solo su propietario, sea destinatario de la reparación.
Análisis crítico del proceso inmediato. Colusión entre los fines procesales y los derechos fundamentales
El artículo tiene como objetivo analizar la incidencia que existe entre el proceso inmediato y los derechos fundamentales del imputado. El interés radica en constatar si la regulación de este proceso especial garantiza el derecho de defensa, el derecho a un juez natural e imparcial. No se pretende desconocer su eficacia en cuanto a celeridad y simplificación procesal se trata, sino reconocer que la forma en que está regulado genera riesgos para los derechos fundamentales; de ahí que resulte importante su reforma, a efectos de buscar un equilibrio.
Conclusión anticipada del proceso penal en los delitos de encuentro
El problema que se plantea en el presente trabajo académico consiste en cuáles son las implicancias de que el acusado extraneus se acoja a la conclusión anticipada del proceso y los demás acusados pretendan continuar con el juicio en un delito de colusión. Asimismo, el objetivo del presente trabajo es analizar si el extraneus vulnera el derecho a la presunción de inocencia del que gozan los demás acusados al someterse a la conclusión anticipada del proceso en el delito de colusión. La metodología empleada corresponde a un enfoque cualitativo. El principal resultado es que el derecho de defensa implica también acogerse a un mecanismo alternativo de conclusión del proceso penal. Finalmente, la principal conclusión a la que se arriba es que no se vulnera el derecho de defensa de los acusados cuando el extraneus se somete a la conclusión anticipada del proceso en el delito de colusión.
colusión, derecho a la presunción de inocencia
La libertad del procesado frente a la mora judicial: garantía constitucional y herramienta de defensa
Privar de la libertad a quien todavía se presume inocente solo se justifica como medida cautelar excepcional y por un tiempo razonable. Si el aparato judicial no resuelve la situación del procesado dentro de los plazos legales, su liberación no es una concesión discrecional: es la consecuencia obligada de una garantía constitucional. A partir del marco colombiano y del estándar interamericano, y con apoyo en cifras oficiales sobre detención preventiva y crisis carcelaria, este artículo sostiene que la libertad por vencimiento de términos es un derecho exigible del ciudadano y una herramienta legítima de defensa técnica frente a la mora judicial.
La prestación de servicios de utilidad pública en la Ley 2292 de 2023: análisis crítico de una pena alternativa y propuestas para su efectividad
La Ley 2292 de 2023 creó en Colombia la prestación de servicios de utilidad pública como pena sustitutiva de la prisión para mujeres cabeza de familia, primer mecanismo de alternatividad penal con enfoque de género en el país. Este artículo analiza su naturaleza jurídica, requisitos y fines, y contrasta su promesa resocializadora con una aplicación todavía marginal. Frente a un universo de miles de beneficiarias potenciales, la medida apenas se ha concedido a poco más de un centenar de mujeres. Se examinan las barreras que explican esa brecha, el giro que supone la Sentencia T-147 de 2026 y se formulan propuestas para su efectividad.
La reincidencia como mecanismo de inocuización: ¿el retorno al derecho penal del autor?
El artículo examina, desde un enfoque crítico, la figura de la reincidencia, sosteniendo que su aplicación es contraria al Derecho Penal de Acto porque opera exclusivamente como un mecanismo de inocuización contra el individuo considerado peligroso para la sociedad. Se analiza cómo la agravación de la pena sustentada en la persistencia delictiva resucita el enfoque derogado del Derecho Penal de Autor. Se concluye que, bajo la excusa de una prevención especial, la figura de la reincidencia trae consigo un paradigma de exclusión y neutralización del sujeto que transgrede los principios del ne bis in idem, culpabilidad y proporcionalidad.
La imputación a la víctima en los delitos de estafa: límites dogmáticos frente al principio de autorresponsabilidad
El presente artículo examina los límites de la imputación a la víctima en el delito de estafa desde la teoría de la imputación objetiva y el principio de autorresponsabilidad. A partir del análisis doctrinal, normativo y jurisprudencial, se sostiene que la determinación de la tipicidad no puede depender exclusivamente de la existencia del engaño ni de la conducta de autoprotección del agraviado. Se propone una valoración conjunta de la intensidad de la maniobra fraudulenta y de las condiciones concretas de la víctima, con la finalidad de delimitar adecuadamente la atribución del perjuicio patrimonial y evitar respuestas penales excesivas o insuficientes.
La situación de los ocupantes precarios como sujetos pasivos en el delito de usurpación: un estudio doctrinario – jurisprudencial
El presente artículo científico analiza la situación jurídica de los ocupantes precarios como posibles sujetos pasivos en el delito de usurpación, a partir de un estudio doctrinario y jurisprudencial orientado a esclarecer los alcances de la protección penal de la posesión en el ordenamiento jurídico peruano. La investigación surge debido a la existencia de posiciones doctrinarias y criterios jurisprudenciales divergentes respecto de si el ocupante precario, pese a carecer de un título legítimo de propiedad o posesión formal, puede ser considerado víctima de actos de despojo configurativos del delito de usurpación. El objetivo principal fue determinar el tratamiento doctrinario y jurisprudencial de los ocupantes precarios en calidad de sujetos pasivos dentro del delito de usurpación, examinando los fundamentos legales, interpretativos y constitucionales que sustentan su reconocimiento o exclusión. Para ello, se utilizó un enfoque cualitativo, de tipo jurídico-dogmático, mediante el análisis documental de doctrina especializada, legislación penal y civil, así como de sentencias emitidas por órganos jurisdiccionales nacionales.
Causas de exención y atenuación de la responsabilidad penal en el Código Penal peruano: Un análisis dogmático-sistemático desde la teoría del delito
El artículo analiza, mediante metodología jurídico-dogmática, las causas eximentes de responsabilidad penal previstas en el artículo 20.º del Código Penal peruano de 1991. Examina su naturaleza jurídica y su ubicación en la estructura tripartita del delito — tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad—. Estudia institutos como la inimputabilidad por anomalía psíquica, la minoría de edad penal, la legítima defensa (sin exigencia de proporcionalidad), el estado de necesidad justificante y exculpante, la fuerza física irresistible, el miedo insuperable, la obediencia debida y el consentimiento del titular. Incorpora jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la Corte Suprema y tribunales internacionales, con doctrina nacional e internacional actualizada.
La problemática de la prescripción (interrupción y suspensión de la prescripción de la acción Penal): a propósito de la Sentencia del Tribunal Constitucional.
En el presente trabajo mostraremos la problemática de la institución jurídico-procesal de la prescripción de la acción penal. Analizaremos desde cuándo se interrumpe la prescripción de la acción penal, su diferencia con la suspensión de la acción penal, la correcta interpretación de las normas referentes a esta institución jurídico-procesal; todo ello, en sujeción a los principios que rigen el proceso penal. Asimismo, haremos un profundo análisis de la denominada Ley Soto y sobre su constitucionalidad, a propósito del pronunciamiento del Tribunal Constitucional.
La literatura como herramienta para una motivación judicial humana
En el presente artículo se analiza la relación entre el Derecho y la Literatura, desde el enfoque de la corriente “Derecho en la Literatura” y su impacto en la formación y cultura jurídica. Se analiza cómo la narrativa y la verosimilitud actúan como herramientas esenciales en la construcción de la hipótesis fiscal y la contranarrativa de la defensa técnica, principalmente de la parte acusada. Finalmente, se aborda la sentencia como un relato que requiere claridad, completitud y sensibilidad humana en la motivación de la misma. Se concluye que la literatura humaniza la técnica jurídica, garantizando una administración de justicia más comprensible y democrática
El rol de los fiscales especializados en derechos humanos en la consolidación del Estado de derecho
El Perú aún es escenario de distintos incidentes de desigualdad, abuso de poder, discriminación, indiferencia social y de voces silenciadas por el temor o la desconfianza. Cada uno de estos incidentes se vincula directamente con los derechos humanos. En este contexto social, es fundamental el rol protagónico del fiscal especializado en derechos humanos, que debe ejercitarlo con competencias sólidas y con coraje moral para garantizar el pleno goce de los derechos humanos en el proceso penal. Su labor no solo está orientada a defender la legalidad, sino también incide en la consolidación del Estado de derecho
Un necesario deslinde entre la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral, el juicio político y el antejuicio, a fin de asegurar su conformidad con el principio de ne bis in idem
El presente artículo académico pretende analizar la naturaleza jurídica de la vacancia presidencial en relación a su aplicación a través de la causal por permanente incapacidad moral contenida en el artículo 113°.2 de la Constitución Política del Estado y su diferencia con otras instituciones del derecho parlamentario como el juicio político y el antejuicio, a fin de asegurar su conformidad con el principio ne bis in idem como plexo del debido proceso, a fin de determinar si acaso el Congreso transgrede o no este principio en el trámite de la vacancia por permanente incapacidad moral presidencial.
Obligatoriedad de las sentencias emitidas de la CIDH en el derecho interno peruano: caso Cayara
El presente artículo examina jurídicamente la configuración de la obligatoriedad de aplicación de las sentencias de la Corte Interamericana en el Perú a partir del caso Cayara vs. Perú (1993), en cuanto a su importancia histórico-doctrinal y al fundamento convencional y constitucional de la fuerza vinculante de las resoluciones, especialmente del artículo 68.1 de la Convención Americana y del artículo 205 de la Constitución peruana; se pretendió analizar que el cumplimiento de las sentencias se entiende que constituye una obligación jurídica universal que compromete a cualquier órgano interno del Estado que sea miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA)
Necesidad del reconocimiento constitucional de los derechos colectivos de pueblos originarios en el Perú
Desde la ratificación por parte del Perú del Convenio 169 de la OIT (1989) en el año 1994, se han reconocido y constitucionalizado un significativo número de derechos colectivos de los pueblos originarios. Entre tanto, los que aún no están constitucionalizados, su vigencia se concibe a partir de las leyes infraconstitucionales o de los tratados internacionales, de los cuales el Perú es parte. Siendo el Perú un país multicultural, nación de todas las sangres en términos de Arguedas, resulta necesario el reconocimiento expreso en la Constitución de todos los derechos colectivos de los pueblos originarios; solo así podremos hablar de su plena vigencia y reconocimiento. En este artículo, el autor analiza los derechos colectivos expresamente consagrados e identifica los que aún no están constitucionalizados.
Análisis de la inconstitucionalidad de la ley N.° 32330 en la sentencia 2/2026 del Tribunal Constitucional del Perú
El presente artículo científico analiza la Sentencia 2/2026 del Tribunal Constitucional del Perú, la cual declaró la inconstitucionalidad parcial de la Ley N.° 32330. Esta norma pretendía reformar el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes para incorporar a los menores de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal ordinario frente a delitos de extrema gravedad. A través de un enfoque dogmático-constitucional y criminológico, se examina cómo la resolución del Tribunal Constitucional salvaguarda los principios de protección especial de la niñez, el interés superior del niño y la prohibición de regresividad de los derechos humanos. Asimismo, se destaca el aporte académico sustancial de la sentencia al integrar de forma pionera hallazgos de la neurociencia contemporánea — específicamente sobre el desarrollo de la corteza prefrontal y las funciones ejecutivas— para redefinir el concepto de culpabilidad en adolescentes. El estudio concluye que el fallo consolida el Estado constitucional de derecho frente a las corrientes del populismo punitivo, reafirmando que la respuesta estatal ante la criminalidad juvenil debe articularse desde una justicia especializada, restaurativa y científicamente fundamentada, descartando la asimilación del menor al régimen penitenciario de adultos, dada la crisis estructural de hacinamiento que atraviesa el sistema carcelario peruano.
El lugar de la sucesión presidencial en el orden constitucional peruano
El artículo examina si puede existir democracia en mandatos presidenciales que no fueron elegidos directamente por la ciudadanía, a partir de la experiencia constitucional peruana. Expone los orígenes y bases de la democracia, destacando las experiencias griega y romana, y desarrolla cuatro planos interrelacionados, conceptual, institucional, programático y cultural, donde la participación ciudadana resulta esencial. Distingue democracia directa, representativa y participativa como dimensiones complementarias. En el marco de la Constitución de 1993, subraya el carácter representativo del gobierno, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el papel del sufragio, en su doble vertiente activa y pasiva, sujeto a límites y controles constitucionales. Analiza los supuestos de presidentes no electos que alcanzaron el cargo por la sucesión presidencial versus gobiernos de facto, y el binomio legalidad-legitimidad. Presenta los casos de Paniagua (2000-2001) y Sagasti (2020-2021), y una coyuntura, para mostrar que la continuidad democrática exige respeto al orden constitucional, transparencia, derechos y reconstrucción de confianza
Constitución Política y participación ciudadana
Justicia administrativa en juego: una anatomía sobre la configuración del derecho de apelación en la contratación pública
En el presente trabajo se analizan los distintos aspectos que trae el recurso de apelación en su aplicación práctica a la nueva Ley General de Contrataciones Públicas (Ley N.º 32069), que entró en aplicación a partir de abril del año 2025 y que trae algunas novedades en cuestión de procedimientos, definiciones y términos respecto a la anterior. El análisis del recurso de apelación será por parte de las entidades públicas y el Tribunal de Contrataciones Públicas, siendo estas competentes para conocer el procedimiento recursivo; así, poder brindar un panorama general al procedimiento establecido en la ley y su reglamento, que por su naturaleza es de interés público.
Daniel de Jesús Caballero Palacios Caballero Palacios
Inteligencia artificial en la labor fiscal: requerimientos inteligentes
Este artículo analiza el uso de la Inteligencia Artificial (IA) como herramienta auxiliar en la elaboración de requerimientos fiscales en el ámbito peruano, identifica aplicaciones potenciales en fases como el análisis probatorio, verificación de estándares jurídicos y redacción asistida, que podrían optimizar procesos y contrarrestar deficiencias como el <<forzamiento de la acusación>>. También, advierte graves riesgos si la IA transgrede su rol subordinado, vulnerando principios cardinales del proceso penal: la exclusividad de la función fiscal (legalidad), la motivación suficiente (amenazada por algoritmos <<caja negra>>), la presunción de inocencia (por reproducción de sesgos) y la responsabilidad personal del fiscal. Se concluye que la implementación debe ser precavida y regida por un marco regulatorio estricto, asegurando que la IA opere con transparencia explicable, bajo vigilancia humana significativa y auditoría de sesgos. El fin es fortalecer, a través de un soporte crítico, el juicio profesional, la autonomía y la responsabilidad ética del fiscal en la defensa de la legalidad.
Rosa Verónica Jacqueline Ccasani Laureano
Personas jurídicas: su incorporación al proceso penal en los delitos de lavado de activos y las limitaciones en la función del ministerio público
El trabajo tiene como objetivo analizar la incorporación de las personas jurídicas en el proceso penal y las limitaciones que se presentan en la función fiscal. Se empleó también el análisis de los resultados de las encuestas a 70 abogados, cuyo enfoque es mixto. Como resultado, se tiene que es necesario que existan modificaciones en la legislación sobre el tratamiento de la incorporación de la persona jurídica al proceso penal. La principal conclusión es que, en el tratamiento actual de la incorporación de la persona jurídica al proceso penal, existen limitaciones que generan actuaciones inoficiosas que afectarían el debido proceso.
¿Debe el código procesal penal reconocer expresamente la evidencia 54 - 62 digital? Vacíos normativos, propuestas y estándares mínimos de cadena de custodia digital en el proceso penal peruano
La evidencia digital como (mensajes, registros de geolocalización, correos, videos, fotografías, capturas de pantalla, etc.), se ha vuelto habitual en la litigación penal de nuestra región, pero su tratamiento, si hacemos una mirada a nuestro estatuto procesal, sigue dependiendo en gran medida de las reglas generales de prueba documental, pericia y de cadena de custodia concebidas para evidencias físicas. En este artículo sostendremos que es inminente el reconocimiento expreso y explícito en nuestro estatuto procesal, siempre que se haga con técnica legislativa compatible con la libertad probatoria y con los estándares mínimos internacionales de integridad, autenticidad, trazabilidad, reproducibilidad y auditabilidad.
Ismael Escalante Huamani Ismael Escalante Huamani
La defensa ineficaz a partir del error en la apreciación de elementos de convicción corroborantes de la culpabilidad del imputado
En la práctica penal peruana existe un vacío normativo sobre la defensa técnica ineficaz. La jurisprudencia ha elaborado un catálogo no exhaustivo, limitado a supuestos de negligencia formal, sin reconocer el error negligente del defensor en la valoración de los elementos de convicción de culpabilidad. Este trabajo examina el caso del abogado que, pese a una alta probabilidad probatoria de culpabilidad, insiste en una estrategia de inocencia total y omite el uso de mecanismos de simplificación procesal o de derecho penal premial. Se propone reconocer dicha conducta como una manifestación de defensa técnica ineficaz.
¿Los alimentos devengados forman parte de la reparación civil?
Surge la interrogante de que, en las sentencias recaídas en los delitos de omisión a la asistencia familiar, el pago de los alimentos devengados no forma parte de la reparación civil; es más, por este último concepto se fija expresamente un monto distinto y simbólico, mientras que el pago de los alimentos devengados se establece como regla de conducta. Dilucidar esta práctica ortodoxa tiene especial importancia debido a que con ello deberá delimitarse la actuación del actor civil respecto del Ministerio Público y el tratamiento que ha de corresponderle para efectivizar el pago.
Principio de resocialización y la inhabilitación perpetua en los delitos de corrupción: un análisis de su compatibilidad constitucional
La inhabilitación perpetua en delitos de corrupción ha sido cuestionada por una supuesta vulneración del principio constitucional de resocialización. El presente artículo analiza, desde una perspectiva dogmática, constitucional y jurisprudencial, la verdadera naturaleza de dicho principio y su ámbito de aplicación. Sostiene que la resocialización opera exclusivamente en el marco de las penas privativas de libertad y no resulta exigible frente a penas restrictivas de derechos, como la inhabilitación; asimismo, examina la lesividad social de la corrupción y justifica la inhabilitación perpetua como una medida legítima de protección institucional y prevención de riesgos estructurales en la administración pública.